La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial considera que no se observan "disfunciones en la actuación y comunicación" entre los tres órganos judiciales en los que se decidió la puesta en libertad provisional del líder de la Mocro Maffia, Karim Bouyakhrichan, y cuya descoordinación habría motivado la fuga del delincuente que ahora la inspección niega.
Así lo concluye el Servicio de Inspección tras analizar el informe encargado el pasado 9 de mayo la actuación del Juzgado de Instrucción 4 de Marbella, el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional y la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga. Sobre Bouyakhrichan pesaba una orden europea de detención emitida por las autoridades de los Países Bajos por un delito de narcotráfico.
De esta manera, el órgano de supervisión concluye que no puede emitir valoración alguna sobre las decisiones de contenido jurisdiccional, considera que la toma de decisiones fue diligente y cumplió en todo momento las normas procesales aplicables. No obstante, la decisión de dejar el libertad a Bouyakhrichan provocó la indignación de muchos, como el sindicato de la Policía Nacional, Jupol. Su portavoz, Ibón Domínguez, aseguró a laSexta que la decisión que permitió la fuga del líder mafioso fue "absolutamente inexplicable".
En libertad pese al riesgo de fuga
La Policía Nacional española detuvo el pasado 10 de enero en la ciudad malagueña de Marbella a Karim Bouyakhrichan, uno de los principales líderes de este grupo crimen organizado de origen magrebí y radicado en PaísesBajos que había extendido sus redes gracias a la conexión con varias organizaciones de narcotraficantes asentadas en España.
Después del arresto, el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella acordó el ingreso en prisión provisional al apreciar la existencia de riesgo de fuga, al tiempo que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno recibió una orden de detención europea (ODE) de Países Bajos. Moreno preguntó a Marbella si tenía impedimentos para entregarlo y desde ese juzgado se le comunicó que sí, dado que tenía una causa abierta en España.
La defensa Bouyakhrichan recurrió su ingreso en prisión de forma existosa y en contra del criterio del fiscal, que advirtió al tribunal de que el detenido estaba reclamado por Países Bajos y de que su fuga "entorpecería de forma muy grave la investigación judicial". De esta manera, el Ministerio Público consideraba que el detenido "carece de arraigo personal, familia y laboral suficiente en nuestro país, siendo de nacionalidad marroquí, con lo que una eventual fuga del mismo a su país de origen entorpecería de forma muy grave la investigación judicial, teniendo en cuenta su alta capacidad económica y los recursos de los que puede hacerse valer".
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Aunn así el tribunal optó por ponerle una fianza de 50.000 euros, la obligación de comparecer judicialmente cada quince días y la retirada del pasaporte, con la prohibición de salida del territorio nacional. Durante más de un mes cumplió sus comparecencias judiciales en distintas ciudades españolas, la última el pasado 1 de abril.