Una traición imperdonable. Así definen más de 100 exalumnos los abusos que los jesuitas cometieron en tres colegios de Barcelona y que ahora piden retirar sus fotos de las orlas.
"Hemos hecho clases en calzoncillos, subidos en una caja donde nos manoseaban con al excusa de decir que estábamos respirando, nos tocaban el culo para entrar en clase...", explica Enrique Caralps, un exalumno.
Por ello, ahora se han unido para pedir que los centros retiren sus fotos de las orlas: "Pedimos la retirada de nuestras fotografías como muestra de nuestra profunda repudia hacia las acciones y omisiones que permitieron el abuso sistemático de menores en los Colegios de los Jesuitas en Barcelona".
En los burofax que han mandando a los jesuitas de Sarrià, Casp y Clot, añaden que no quieren que se les asocie con una institución que ha permitido estos actos atroces: "Exigimos una disculpa pública, apoyo integral a las víctimas, compensación económica y medidas efectivas para prevenir futuros abusos".
Unos abusos que se cometieron entre 1956 y 2014. Hay 24 religiosos acusados de abusar de al menos 79 víctimas. "Gracias a que estuvieron abusando de ellos no abusaron de nosotros, porque estaban ocupados. No les importa tu clase social, si eres intelectual o no... lo único que les importa es la ocasión", denuncia.
Por eso, no solo piden que se eliminen sus fotos. También que se respete el espacio que han ocupado y dejarlos vacíos. "Lo más importante para nosotros es lo que supone no estar, el impacto que pueda tener que para siempre se vean esos huecos en la orla".
Para que las próximas generaciones sepan lo que allí ha ocurrido durante más de 60 años.
El Gobierno no aceptará que la Iglesia indemnice a las víctimas de abusos sin control estatal
El Gobierno no aceptará que la Iglesia indemnice a las víctimas de abusos sin control estatal. Así se lo ha comunicado por carta el ministro Félix Bolaños al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Bolaños le advierte a los obispos de que "no se aceptará ninguna fórmula unilateral" para indemnizar a las víctimas de los casos prescritos por abusos que no contemple una supervisión y control del Estado, sino que sería una comisión independiente la encargada de estudiar cada caso y fijar la indemnización correspondiente a los afectados.