El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Mario Cortés, ha indicado que los 800 millones de euros permitirían tratar con los fármacos de última generación a entre 45.000 y 50.000 pacientes graves de esta enfermedad. "No se puede dejar que los afectados lleguen a estar cirróticos o moribundos para darles la medicación, como está haciendo el Gobierno", ha señalado Cortés.
Además, ha solicitado una reunión urgente con el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para exigirle "una solución real" a sus problemas e instarle a "presionar" a las farmacéuticas para abaratar el precio de los nuevos medicamentos contra la hepatitis C. La Organización Mundial de Comercio (OMC) acordó en Doha que cuando hay una emergencia social, como es el caso de España, donde hay un muerto cada dos horas por hepatitis C, los Estados miembros pueden emitir una licencia obligatoria, denunciar una patente y fabricar el genérico, ha precisado.
Cortés ha planteado que se hagan públicos los detalles de la negociación del Ministerio de Sanidad con los laboratorios para saber cómo se ha llegado al precio de 25.000 euros para financiar el fármaco más avanzado contra la hepatitis C, el Sovaldi, ya que el mismo tratamiento cuesta 900 euros en Egipto y 600 en la India. La plataforma ha organizado para el próximo 10 de enero una marcha desde el Hospital Doce de Octubre hasta el Palacio de La Moncloa para entregar un escrito dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el objetivo de pedirle una partida presupuestaria extraordinaria para tratar a todos los enfermos de hepatitis C.
La marcha contará con la participación de atletas en el tramo comprendido entre el Hospital Doce de Octubre y la Plaza de Legazpi, que será el primero de una serie de puntos de encuentro, junto a la Plaza del Emperador Carlos V, la Plaza de Cibeles, la Plaza del Callao y la Plaza de La Moncloa. Partidos políticos, como el PSOE, IU, UPyD, Podemos y Ciudadanos, los sindicatos UGT y CCOO, así como las organizaciones sindicales del sector de la sanidad y movimientos sociales estudian su adhesión al documento que se entregará al presidente del Ejecutivo.