Será obligatorio
Así es el nuevo registro de viajeros para hoteles que entra en vigor con el sector en contra
La letra pequeña El sector insiste que con esta norma no se respeta la intimidad y les añade un trámite, que podría conllevar cierres y encarecimientos de los viajes.
Desde este lunes, el sector turístico enfrenta un cambio significativo con la entrada en vigor del nuevo registro de viajeros, una normativa que exige a hoteles, agencias de viajes y alojamientos turísticos recopilar más datos de sus clientes y enviarlos al Ministerio del Interior. La medida, diseñada para mejorar la seguridad y combatir el crimen organizado, ha sido recibida con duras críticas por parte de los profesionales del sector, que alertan de su impacto económico y operativo.
La normativa obliga a los establecimientos a registrar no solo los datos habituales, como documento de identificación y nacionalidad, sino también información más específica, como el lugar de residencia, la relación entre los viajeros (especialmente en el caso de menores) y detalles del método de pago. Según el Ministerio del Interior, estos datos se transmitirán a través de la plataforma 'SES.Hospedajes', diseñada para centralizar y gestionar esta información.
"Un registro que antes llevaba un minuto ahora puede tardar hasta siete", señala Roberto Torregrosa, director general de Guitart Hotels, quien advierte que este incremento de trabajo podría ralentizar significativamente el proceso de check-in en los hoteles.
Para las pequeñas y medianas empresas, la normativa supone un desafío aún mayor. Marina Lastra, adjunta de una agencia de viajes, lamenta la falta de recursos tecnológicos para cumplir con estas nuevas obligaciones "Somos muchas pymes que no contamos con apoyo tecnológico. Esto va a duplicar nuestro trabajo y generará costes adicionales que no todas podemos asumir".
El sector teme que esta carga administrativa se traduzca en el encarecimiento de los precios para los clientes o, en el peor de los casos, en el cierre de negocios, especialmente entre pequeñas agencias y alojamientos.
Desde el Ministerio del Interior, justifican la medida como una actualización necesaria de un sistema que, en su versión anterior, estaba en vigor desde 1959. Afirman que en los últimos dos años, durante los cuales algunos establecimientos aplicaron la normativa de manera voluntaria, se logró localizar a casi 19.000 personas buscadas por la policía. Según Interior, esta es una prueba de la eficacia del nuevo registro en términos de seguridad pública.
Sin embargo, las críticas no cesan. Tanto grandes cadenas como pequeños negocios aseguran que la medida pone en riesgo la privacidad de los clientes y representa un coste desproporcionado. Algunos actores del sector ya han adelantado que están dispuestos a llevar la normativa ante los tribunales para cuestionar su implementación.
Mientras el Ministerio insiste en la necesidad de garantizar una seguridad más robusta, el sector turístico se enfrenta a una encrucijada: adaptarse a las exigencias de la normativa o luchar por su modificación. Lo que está claro es que el debate entre privacidad, seguridad y sostenibilidad económica apenas comienza.
