La cumbre de Atención Primaria que celebran el Ministerio de Sanidad y las comunidades para tratar de paliar la crisis que azota este nivel asistencial llega este viernes entre los reclamos del PP para añadir 1.000 plazas formativas al año y de la profesión médica para que alcancen un pacto nacional.

El esperado monográfico del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud contará con una propuesta del Ministerio de Sanidad: la de crear una comisión de Atención Primaria para que "tenga el papel estable y de desarrollo" que la sanidad pública necesita y que favorezca que Gobierno y comunidades adopten medidas conjuntas y el intercambio de buenas prácticas. Junto a ello, la ministra Mónica García también quiere presentar las conclusiones del estudio en Atención Primaria de la OMS en España en 2023.

Así lo anunció la propia García hace unos días en el Congreso, donde además de avanzar la fecha de la cumbre, desveló su intención de aumentar, "de la mano de las comunidades", un 15 % las plazas ofertadas en Familia durante la legislatura.

Antes de la reunión, la ministra ha afirmado que la Atención Primaria ya está en la senda de la "recuperación" tras el "giro de volante" dado en 2018, cuando este primer nivel asistencial estaba "muy debilitado e iba directo del abismo por las políticas del PP".

García ha subrayado el firme compromiso de "dialogar, coordinar y cogobernar con todas las comunidades": "Es parte de nuestro ADN y así lo estamos demostrando".

La ministra ha reconocido que "queda mucho por hacer", pero ha insistido en que la Atención Primaria está en ese proceso de recuperación que hubiera sido diferente si se hubiesen llevado a cabo las políticas que quería el PP.

En la mesa también estará el asunto de las plazas acreditadas, algo que compete hacer a las comunidades, pero siete no llegan a la media nacional -País Vasco, Cataluña; Castilla-La Mancha; Comunidad Valenciana, Canarias y Madrid- (4,14). Si las siete alcanzaran esa media, se podrían ganar 224 puestos de medicina familiar más, calcula Sanidad.

De acuerdo con el orden del día, la cita empezará con la evaluación de las acciones del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 -aprobado por el Gobierno a finales de 2021 para reducir la temporalidad en este servicio por debajo del 8 % y crear la categoría de enfermera familiar y comunitaria, entre otras cuestiones- y los "futuros pasos a tomar".

También la "recogida de propuestas y líneas de acción en tres áreas de atención prioritaria": gestión de profesionales; "accesibilidad y gestión de la demanda", con temas como las barreras al acceso, modelos presenciales y telemáticos, redefinición competencial, agendas, diseño de equipos y autonomía de gestión; y la "continuidad asistencial y atención integrada".

El último punto se centrará en la propuesta de fortalecimiento del trabajo conjunto en Atención Primaria en el seno del Consejo Interterritorial. Sin embargo, numerosas comunidades del PP han echado en falta que el orden del día incorpore su petición de abordar el déficit de médicos con una oferta extra anual de 1.000 plazas formativas extra en Medicina de Familia durante cuatro años, y así se lo han hecho saber por carta a García.

Ha sido el caso de Madrid, la Comunitat Valenciana, Murcia o Baleares, que también han mostrado su preocupación por la finalización del período formativo de los actuales residentes MIR en septiembre, situación que podría limitar la capacidad de contratación de nuevos especialistas durante el verano.

Precisamente, una hora antes del Interterritorial, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, recibirá a representantes de la Asociación MIR y médicos jóvenes de la Organización Médico Colegial (OMC), que le trasladarán, entre otros, ese agujero del que ellos mismos avisaron en su estudio "Desafíos Críticos en la Formación Médica Especializada 2024. Informe sobre la crisis de RRHH y el final del periodo de residencia en el verano de 2024".

En él, la sección de médicos jóvenes de la OMC advertía de que el retraso en la incorporación de los MIR en 2020 como consecuencia de la pandemia acarrearía un déficit de hasta 5.000 residentes de las especialidades mayoritarias, encabezadas por Familia, en una época ya de por sí "especialmente sensible" en cuanto a recursos humanos.

A todas estas reivindicaciones se suman las que ha hecho la profesión médica, que opina que la crisis de la Primaria solo se puede resolver con un gran pacto nacional, por lo que ha reclamado al Interterritorial que llegue a "un gran acuerdo colectivo" sustentado en "grandes consensos" con los que garantizar la subsistencia del modelo de salud.