La Audiencia Nacional ha ordenado que se desarrolle en Marbella (Málaga) una operación judicial contra Rifaat al Assad, tío del actual presidente de Siria, Bashar al Assad, por un delito de blanqueo de capitales cometido por una organización criminal asentada en la Costa del Sol, han informado fuentes jurídicas, que precisan que no se han acordado detenciones.

La operación está siendo desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Policía de Francia por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

El magistrado ha ordenado 15 entradas y registros, la mayoría en Puerto Banús, tres requerimientos con advertencia de registros y el bloqueo de las cuentas corrientes de 16 personas físicas vinculadas a Rifaat al Assad.

El juez también ha bloqueado otras 76 cuentas corrientes de personas jurídicas vinculadas a la familia de Al Assad, que posee en Marbella hoteles, discotecas y otros negocios vinculados al mercado de objetos de lujo. Las diligencias se incoaron en la Audiencia Nacional en diciembre de 2016, en virtud de una denuncia de la Fiscalía.

Las entradas y registros así como el bloqueo de cuentas corrientes se centran por ahora en 15 personas físicas y 76 jurídicas. Entre las personas físicas investigadas se encuentran dos de las esposas oficiales de Rifat al Asad, seis de sus hijos, algunas nueras y un español, que figura como administrador de la empresa que representa a la mayoría de las mercantiles extranjeras de la familia Al Assad.

Rifaat al Assad fue vicepresidente de Siria cuando gobernaba su hermano, Hafez al Asad, padre del actual presidente Bashar al Asad. En los años 80 su hermano y entonces presidente le expulsó del país, por temor de que organizara un golpe de estado contra él.

Existen indicios, según las citadas fuentes, de que le entregó más de 300 millones de dólares procedentes de las arcas del Estado. Con ese dinero recaló en Francia, donde en 1984 empezó a comprar propiedades inmobiliarias.

La investigación abierta por las autoridades judiciales francesas permitió concluir que esa fortuna, procedente de malversaciones de fondos públicos la utilizó para su provecho personal y en perjuicio del Estado sirio, acumulando un patrimonio inmobiliario en Francia, Curazao, Lichtenstein y Luxemburgo.