Negociación clave y a contrarreloj: el Gobierno ultima las bases para pactar la financiación singular de Cataluña la próxima semana

El Gobierno afronta la semana que viene una cita clave donde materializará el acuerdo de ERC y PSC para la financiación singular de Cataluña. Será uno de los grandes debates de los próximos días, con muchas comunidades autónomas en contra y un Sánchez que pretende calmar a sus socios pactando las materias acordadas que aún quedaban pendientes.

De esta manera, el primer gran reto del Ejecutivo tras el pleno monográfico sobre corrupción en el que los socios mostraron su apoyo, pero dejaron claro que el Ejecutivo no tendría carta blanca, correrá de la mano de la financiación singular, un tema complejo que divide a muchas comunidades.

Será el lunes cuando el president de la Generalitat, Salvador Illa, se reúna en Barcelona con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Hacienda para pactar las bases de la financiación singular de Cataluña, un modelo pactado hace prácticamente un año por el PSC y ERC a cambio del 'sí' de los republicanos a la investidura de Salvador Illa.

El acuerdo aún no está cerrado

Se trata de un tema complejo. Por ello, en el Ejecutivo se muestran "prudentes" e insisten en que aún queda todo el fin de semana para negociar. Sin ir más lejos, fuentes de ERC reconocen a laSexta que el acuerdo aún no está cerrado, y que aún "quedan flecos importantes sobre el control y la gestión de la recaudación".

Con este sistema, Cataluña recaudará el 100% de todos los impuestos que se generen en su comunidad y embolsará 14.000 millones más. Lo hará a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), cuyas funciones quieren blindar los republicanos para que no se pueda revertir en un futuro.

Este modelo seguirá el principio de ordinalidad. Es decir, que una vez repartidos los recursos destinados al reequilibro de los territorios a través del principio de solidaridad, los recursos per cápita de las comunidades más ricas no van a quedar por debajo de las más pobres. Además, será gradual porque está previsto que se empiece a recaudar el IRPF de 2026.

Los republicanos discrepan sobre el control que la Agencia Tributaria española tendría sobre la catalana. Es más, su intención es presentar en el Congreso una proposición de ley junto al PSOE para reformar la Ley Orgánica de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para que la Agència Tributària de Catalunya recaude el IRPF. Será ahí, en el Congreso, donde se testará el apoyo incluso en las propias filas socialistas.

Muchas comunidades, en contra

Precisamente, esa es otra de las derivadas. Muchas de las comunidades autónomas están en contra de esta medida y ya se han manifestado al respecto. Galicia, Castilla-León, Valencia, Madrid y Andalucía, son algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP que están en contra. Y no solo eso, hay dos comunidades del PSOE, como son Asturias y Castilla-La Mancha que ya de entrada dicen que no están de acuerdo.

Por su parte, desde Moncloa hacen hincapié en que van a cumplir sus compromisos con Esquerra Republica de Cataluña, pero insisten en que cualquier reforma del sistema de financiación va a mejorar el conjunto de la financiación de todas las comunidades autónomas. De esta manera, no cierran la puerta a "profundizar en la autonomía de las comunidades autónomas que lo deseen".

Aun así, fuentes de Moncloa a laSexta quieren dejar claro que no se trata de un "cupo vasco". Precisamente este viernes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado rotunda y ha dicho que es

completamente falso que el Gobierno de España esté promoviendo privilegios para unas comunidades autónomas. De esta manera, ha hecho hincapié en que todo lo que promueva el Gobierno va a ser que todas las comunidades tengan las mismas competencias y las mismas posibilidades.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido uno de los más duros con el Gobierno al criticar que se trata de un "trato de privilegio consecuencia de un chantaje y de una permanente escalada de cesiones". Unos chantajes que ha calificado de "obscenos" y que se han sucedido a su juicio "desde el primer día que se constituyó esta legislatura", aunque ha alertado de que ahora son "de un grado extremo, se han desabrochado por completo los límites".