Cuando despertamos, el impuesto de patrimonio seguía ahí. Es una de las conclusiones de un debate que ha devenido en recurrente y que ha vuelto a ponerse de actualidad por las acusaciones de ERC de que Madrid es un "paraíso fiscal" por no cobrar este tributo, que sobre todo afecta a las grandes fortunas.
El punto de discordia viene de la mano del preacuerdo que este martes anunció el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en el que uno de los puntos a tratar era la creación de un comité bilateral entre la Generalitat catalana y el Ejecutivo central para, literalmente, "acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave perjuicio para la clase trabajadora, especialmente en estos momentos".
Dichas afirmaciones han airado a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defensora a ultranza de la eliminación del tributo, y quien ha avisado que se erigirá en la "peor pesadilla de quien sea si empiezan a tocarle el bolsillo del contribuyente madrileño para pagar la corruptela del independentismo".
En declaraciones a laSexta, la presidenta ha asegurado: "Lo suyo es una declaración de guerra. Es decirle a los madrileños que van a pagar más impuestos por contentar a los independentistas".
¿Qué es el impuesto de patrimonio?
El impuesto de patrimonio grava el total del valor de los bienes que posee una persona física. Este es un tributo cedido a las autonomías y son ellas quienes se encargan de su recaudación y de su gestión. Esto es importante, ya que el dinero va directamente a las arcas y presupuestos autonómicos, por lo que sus ingresos son fundamentales para pagar las partidas de las que se hacen cargo las comunidades.
Éstas pueden optar por establecer un tipo mínimo o incluso bonificarlo. Es el caso de Madrid, que lo bonifica al 100%, eximiéndolo de facto en la comunidad. Esta estrategia beneficia a la región ya que atrae a grandes capitales para instalarse y pagar otros impuestos en la comunidad, que deciden trasladar su domicilio fiscal de otras comunidades.
¿Competencia desleal?
Aquí entra el llamado 'dumping fiscal': otras comunidades peor financiadas y que no se benefician del 'efecto capitalidad' que sí disfruta Madrid denuncian que cuentan con menor margen para beneficiar a los grandes capitales con medidas fiscales, lo que los expulsa de sus territorios.
Pero, ¿existe este dumping fiscal? A juicio del presidente del sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, sí: "Por un lado sí hay 'dumping'. El efecto capitalidad es importante: los ingresos que tiene por el establecimiento de grandes empresas, directivos, ejecutivos... y a consecuencia de estar centralizada la administración del estado hace que sea importante en la Comunidad de Madrid", explica Cruzado.
Al tiempo que esta capitalidad ha ido cobrando relevancia, la Comunidad ha bonificado al 100% este impuesto autonómico: apenas 14.000 madrileños se benefician de esta exención, por la que las arcas madrileñas dejan de ingresar en torno a 900 millones de euros cada año.
"Mientras la comunidad ha ido bonificando este impuesto, la deuda ha ido en aumento", denuncia el presidente de los técnicos de Hacienda. "Nos parece incongruente que no se asuma esa corresponsabilidad fiscal", dice.
¿En qué consiste dicha armonización? Básicamente, en establecer tipos mínimos y máximos de cotización, para que ninguna comunidad, como hace Madrid, pueda eximir del pago de este tributo y ponerse en una situación ventajosa frente al resto porque cuenta con mayores recursos.
La endiablada financiación autonómica
El impuesto de patrimonio viene de mano de la reforma de la financiación autonómica, caducada desde 2014 y que el Ministerio de Hacienda se ha puesto como objetivo prioritario de la legislatura. De hecho, antes de que golpeara la pandemia, los valencianos de Compromís exigieron que el Gobierno presentara la reforma en ocho meses, ya que el actual reparto afecta sobre todo a la comunidad.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha insistido en lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha comentado anteriormente: "Hace tiempo que Hacienda está hablando de armonización fiscal. Es importante la igualdad de derechos y el respeto de las libertades. Estamos al inicio de algunas decisiones importantes que le garanticen a los españoles que su situación tributaria no puede ser de asimetría".
"Nosotros venimos manifestando sobre la necesidad de armonizar en cierta medida los impuestos cedidos, aunque respetando cierto margen de autonomía a las comunidades", reconoce Cruzado.
En la actualidad, la situación beneficia enormemente a Madrid: según las estadísticas del Impuesto de patrimonio, citadas por Cruzado, de aquellos contribuyentes de más de 30 millones de euros, el escalón máximo, el 60% se encuentran en Madrid. De aquellos que cobran más de 6 millones, tributan en la región el 50%.
No puede modificarse con los PGE
La actual reforma no puede hacerse mediante la ley de Presupuestos por una cuestión legal: la ley de financiación autonómica es una ley orgánica, que requiere de mayorías reforzadas, y una ley normal no puede modificarla.
De momento, la situación se antoja complicada, ya que hay demasiados intereses en la llamada fiscalidad autonómica en la que difícilmente se contentará a todas las partes interesadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.