Sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos fue una de las promesas que hizpo Pedro Sánchez nada más llegar a Moncloa. El proceso se inició en el verano de 2018, con un real decreto que prohíbe "que en el Valle de los Caídos esté enterrado nadie que no fuera víctima de la guerra civil".

El proceso administrativo para llegar ahí duró meses, pero según dijo la ministra de Justicia, Dolores Delgado, fue "difícil" pero "escrupuloso" y ejecutado "con todas las garantías" para respetar los derechos de todos los interesados, no solo los familiares de Franco.

El proceso para la exhumación de Franco empezó en verano de 2018, tras la llegada de Sánchez a la Moncloa.

Aún así, la Fundación Francisco Franco inició un largo litigio con un primer recurso contra el Gobierno ante "el cúmulo de ilegalidades y arbitrariedades" para que los tribunales impidiesen una "tropelía" que el Gobierno "alza como victoria" y solo aumenta "la tensión, el enfrentamiento y la crispación entre los españoles", según explicaron.

Irá a El Pardo

El Gobierno dio a la familia la posibilidad de elegir el lugar a donde serían trasladados los restos del dictador. Los nietos optaron por la cripta de la Catedral de la Almudena, pero desde el Ejecutivo se descartó por una razón de orden público y porque se incumpliría la Ley de la Memoria Histórica, según explicó la vicepresidenta Carmen Calvo.

El Ejecutivo descartó su traslado a la Almudena por razones de orden público y eligió el Panteón de El Pardo.

Transcurrido el tiempo sin que la familia propusiera un lugar alternativo, el Ejecutivo decidió la fecha y el lugar. El 10 de junio, por la mañana,en el Panteón de Mingorrubio-El Pardo, que es de titularidad estatal. Según dijo Calvo, ese lugar reúne las condiciones idóneas de seguridad y es adecuado para recibir con decoro y respeto unos restos mortales. Además, los restos de la esposa del dictador están enterrados allí.

¨Sin embargo, no pudo ser en esa fecha. El Supremo, días antes, suspendió la exhumación de manera cautelar hasta que se resolviesen los recursos de la familia Franco. Fue el 24 de septiembre cuando finalmente falló que sí era posible sacar los restos del dictador.

En su sentencia, por unanimidad, los jueces no dudan de la constitucionalidad del decreto que usó el Gobierno para la exhumación y dicen que no fue un decreto arbitrario ni injustificable y que tiene el respaldo de la Ley de Memoria Histórica. "Los acuerdos del Consejo de Ministros son respetuosos con los acuerdos con la Santa Sede y no vulneran los derechos fundamentales de los nietos de Franco".

El Supremo avala al Gobierno

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal añade en su sentencia que la exhumación no lesiona los derechos de los familiares, como es el de elegir el destino de los restos, ya que no se trata de un derecho absoluto y "puede ser limitado por razones de interés público" como las que concurren en este caso.

El Supremo acordó el traslado de los restos al cementario de El Pardo, en contra de los deseos de la familia Franco.

Rechaza que los restos del dictador sean trasladados a la cripta que posee la familia en la Catedral de la Almudena. "No gozan los familiares de una facultad incondicionada de elección del lugar de enterramiento de sus deudos. No forma parte ni del derecho a la libertad religiosa ni del derecho a la intimidad personal y familiar tener siempre la última palabra sobre el lugar de sepultura de los parientes". Y acuerda que sean reinhumados en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio en contra del deseo de la familia.

Llamada de atención a Yusty

El Supremo también se pronunció sobre la licencia de obra para levantar la lápida. Dijo que no se necesita y que no precisa de licencia municipal. Contradice así al juez Yusty Bastarreche, que tiene paralizada la exhumación alegando cuestiones de seguridad.

"Sucede, sin embargo, que las operaciones necesarias para extraer los restos mortales del sepulcro en que se encuentran, según el proyecto presentado por presentado por el Patrimonio Nacional -que se ocupa de las actuaciones de mantenimiento y rehabilitación del recinto monumental del Valle de los Caídos- obrante en el expediente, no parecen presentar particular dificultad", dice la sentencia a la que ha tenido acceso la Sexta.

La sentencia dice que levantar la losa, extraer los restos y reponer la piedra "no supone ninguna modificación urbanística".

La sentencia continúa: "Al fin y al cabo, se trata de levantar una losa, extraer los restos y reponer el solado original, revirtiendo así el pavimento de la Basílica a su estado anterior a 1975. El examen del proyecto técnico lo pone de manifiesto con claridad y no se advierten especiales problemas de seguridad". En resumen, que los trabajos "no suponen modificación urbanística y respetan las normas subsidiarias del municipio de San Lorenzo de El Escorial".

Acceso a la Basílica

El penúltimo capítulo, por ahora, lo escribió el Supremo este jueves 10 de octubre, autorizando al Gobierno en funciones a acceder a la Basílica del Valle de los Caídos, a pesar de la negativa del prior. El Supremo recuerda que que el artículo 118 de la Constitución española obliga a todos a cumplir las sentencias firmes.

También acordó el alto Tribunal levantar la suspensión cautelar que existía mientras se resolvían los recursos de la Fundación Franco, la Comunidad Benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. En tres autos, uno en relación a cada una de las entidades citadas, la Sala argumenta que la medida debe levantarse tras la resolución del recurso de la familia Franco.

Última maniobra de los Franco

El Constitucional decide a principios de la próxima semana si acuerda o no la paralización de la exhumación de los restos de Franco que el Gobierno va a realizar antes del 25 de octubre, si bien se trata de una posibilidad remota a la vista de las pocas medidas cautelarísimas que acuerda este tribunal.

Se trata de la última maniobra legal de los nietos del dictador para impedir la exhumación con carácter inmediato, aunque las expectativas no apuntan a ello. La familia Franco presentó este jueves un recurso de amparo de 120 páginas al tribunal de garantías en el que pide como medida cautelarísima que paralice la exhumación de los restos del dictador de la basílica del Valle de los Caídos.

Eso sí, lo que no implica es suspensión alguna de los planes del Gobierno, es decir, que no obliga al Ejecutivo a esperar a la resolución del Constitucional, sino que puede exhumar desde ya. Esto es así porque mientras no se adopte ninguna suspensión, el avala del Tribunal Supremo está completamente vigente.