Cuestión de 'contactos'

El juego del poder: enchufes, favores y polémicas que se repiten en la política española

Los detalles La adjudicación de una de las plazas mejor remuneradas de la Diputación de Valencia a la mujer del president Juan Francisco Pérez Llorca volvió a poner el foco en el debate sobre los tratos de favor.

El exministro José Luis Ábalos y el president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
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En política, como en los juegos, no todos los participantes compiten en igualdad de condiciones. Hay quienes parecen tener siempre una carta ganadora guardada y es que a veces no es cuestión de azar, sino de estrategia y, en ocasiones, de contactos.

El reciente nombramiento de Juan Francisco Pérez Llorca como president de la Generalitat Valenciana, el pasado 27 de noviembre de 2025, volvió a poner el foco en este debate.

Apenas dos meses después de su investidura, su entorno más cercano también se situaba en el centro de la polémica tras conocerse la adjudicación de una de las plazas mejor remuneradas de la Diputación de Valencia a su mujer.

Por su parte, el portavoz socialista valenciano José Muñoz llegó a asegurar que este tipo de situaciones "tienen todos los elementos de un jeta" y de un uso indebido de lo público en beneficio privado, en declaraciones recogidas en Les Corts.

No es el único ejemplo que ha generado controversia en los últimos años. El caso Koldo también dejó testimonios polémicos ya que la expareja de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, reconoció en sede judicial que durante dos años cobró de empresas dependientes del Ministerio de Transportes sin desempeñar ningún trabajo.

Otro nombre que salió a la luz fue el de Claudia Montes, conocida por haber sido Miss Asturias Senior. Según su testimonio, obtuvo un empleo gestionado por Koldo García y después, aseguró haber solicitado en varias ocasiones conocer qué currículum se había presentado en su nombre.

Durante la pandemia también surgieron polémicas relacionadas con adjudicaciones públicas. Uno de los casos más mediáticos fue el del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien percibió 55.000 euros por su intermediación en un contrato de mascarillas.

Uno de los ejemplos más conocidos es el de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón, donde durante años tejó una red de apoyos basada en cargos y favores con la que dejar al resto fuera de juego.

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