Tras el archivo de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, una de las primeras reacciones desde el Ejecutivo ha sido la de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha aseverado que "la Justicia tumba la estrategia de señalamiento al 8M".

La ministra, una de las más señaladas desde la oposición por este asunto, no obstante ha lamentado que, pese al sobreseimiento de la causa, "ahí quedan las páginas y horas de tertulias criminalizando al feminismo". En este sentido, Montero ha reprochado lo que califica como "trumpismo del malo" por parte de la derecha: "Difama y miente, que algo queda", ha escrito en Twitter.

"No frenarán la lucha de las mujeres por una sociedad justa y feminista", ha concluido la titular de Igualdad.

 

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha incidido en que desde el Ejecutivo no tenían "ninguna dudade que se iba a archivar la causa, porque en todo momento la manera en que se ha conducido el Gobierno ha sido para salvar vidas", ha aseverado.

"No se ha cometido ningún hecho delictivo", ha apuntado Robles en rueda de prensa, donde ha señalado que el hecho de que la jueza Carmen Rodríguez-Medel llevara a cabo diligencias al respecto "la tranquilidad que da es que nadie puede decir que no se haya investigado".

"El Gobierno tenía la plena tranquilidad porque desde el principio lo único que hemos tratado es de salvar vidas, se ha actuado siempre con arreglo a los criterios que han dado los expertos, con arreglo al conocimiento que había en el momento", ha asegurado la titular de Defensa, que ha añadido que "la manifestación del 8M se autorizó teniendo en cuenta las pautas que daban los expertos".

La ministra, que ha tachado de "mezquinas" las actuaciones que busquen sugerir que "el Gobierno haya podido tener un objetivo distinto a salvar vidas", ha reconocido que "se han podido cometer errores" en la gestión de la pandemia, pero ha aseverado que "lo que queda muy claro es que la voluntad del Gobierno siempre ha sido salvar vidas".

Preguntado por esta decisión judicial, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado emitir una valoración al respecto. "No vamos a valorar desde el Gobierno ninguna decisión judicial", ha afirmado durante la rueda de prensa en la que ha anunciado qué territorios cambian de fase el próximo lunes. "Estoy convenvido de que los españoles saben que el Gobierno lo ha dado todo, lo que tenía y lo que no tenía, para derrotar al virus", ha apuntado, no obstante.

"Satisfacción" en el PSOE

Por otra parte, fuentes del PSOE a laSexta han indicado que en el partido están satisfechos con la sentencia y que si la magistrada no hubiera tomado esta decisión tras la declaración de Franco estaría rozando la "prevaricación".

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, también ha manifestado la "satisfacción" de su grupo por el archivo de la causa, por el que ha felicitado al delegado del Gobierno. "Así lo esperábamos", ha indicado, calificando la decisión judicial como "una buena noticia para los derechos fundamentales y democráticos" y "para las causas que de una u otra manera también se querían enjuiciar".

La reacción de la oposición

Por su parte, desde el PP, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha conocido la decisión judicial en directo en Al Rojo Vivo, ha manifestado su "respeto a las resoluciones judiciales". "La actuación de la jueza ha sido prudente frente a las críticas que ha recibido y determinadas injerencias", ha asegurado el regidor popular, que ha agregado que la magistrada "ha demostrado que en España funciona el estado de Derecho". "El problema no lo tenía la jueza, sino los que critican procedimientos judiciales", ha sentenciado.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, aunque no ha aludido directamente a la decisión judicial, ha reaccionado en Twitter acusando al Gobierno de "obtener ilegalmente" el informe de la Guardia Civil sobre el 8M y de presionar a los testigos para que cambiaran su declaración. "Son una mafia", ha arremetido.