El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, uno de los más polémicos de la actual legislatura, y que sustituirá a la legislación vigente desde 1992 ('Ley Corcuera'). El Gobierno ya lo ha remitido a las Cortes para su aprobación. El Ministerio de Interior ha suavizado las medidas que proponía originalmente en el anteproyecto de ley presentado en noviembre de 2013.
Por un lado, destaca la tipificación de identifaciones de ciudadanos en la calle por los miembros de las distintas fuerzas de seguridad. Esto es, no podrán producirse de manera arbitraria y no podrán estar condicionadas por razones étnicas. Los cacheos y los controles callejeros también serán regulados.
Por otro lado, la ley establece un plazo máximo de seis horas para el traslado y la estancia de un detenido a dependencias policiales que, según Interior, sólo se practicará cuando no sea posible identificar a alguien por medios físicos o telemáticos.
Sobre el derecho de reunión y manifestación, la legislación actual catalogará de leve las que se desarrollen sin haber sido comunicadas ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos.
En cambio, si además de no ser comunicadas éstas alteraran el orden público, pasarían a considerarse infracciones graves.
En cifras, las infracciones serán sancionadas con las mismas cantidades que en la anterior ley de Seguridad Ciudadana. Las faltas leves supondrán una multa de entre 100 y 1.000 euros; las graves, entre 1.000 y 30.000 euros; y las consideradas 'muy graves' con hasta 600.000 euros.
Al mismo tiempo que el Consejo de Ministros firmaba el proyecto de ley, Greenpeace ha protestado contra lo que denominan 'ley mordaza' escalando el faro de Moncloa, en Madrid.
Respecto a esa cuestión, el titular de Interior Fernández Díaz, que se ha encargado de explicar las medidas que componen este nuevo proyecto, ha señalado que lo que se pretende es "condenar la violencia" y "mantener el equilibrio entre la libertad y la seguridad".