Si se cumple la voluntad del Gobierno se podría poner en marcha, por primera vez en España, una Comisión de la Verdad: "Conocer la verdad de lo que ha sucedido y en la magnitud de la violación de derechos humanos masivos que ha producido en un determinado territorio y en un determinado periodo" explica Jordi Palou-Loverdos, experto en justicia transicional.
En concreto, tal y como ha anunciado Pedro Sánchez, se analizaría la Guerra Civil y la dictadura franquista hasta 1975. Y, ¿quiénes integrarían de esa comisión? "Expertos historiadores, por supuesto, psicólogos, sociólogos y juristas" asegura Ángel Bahamonde, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III.
Expertos de gran solvencia, elegidos por el universo judicial, las universidades y distintas asociaciones que aseguren, además, neutralidad e imparcialidad. Para ello es necesario recopilar la mayor información posible sobre el periodo analizado: "Muchos de los testimonios, sobre todo orales, de las personas dañadas, se han perdido o están a punto de perderse. Por eso es un buen momento también, antes de que se pierda por completo" dice Bahamonde.
La comisión, sus integrantes y el material recopilado deben ser supervisados y seguir unas normas: "Sigue una normativa ya perfectamente establecida y consolidada por el grupo de DDHH de las Naciones Unidas" explica Bahamonde.
La duración de la comisión podría ser de dos años y su coste, según datos de la ONU, podría oscilar entre los cuatro y los diez millones de euros, pero, ¿quién se encarga de sufragarla? "El principio de neutralidad está mucho más asegurado si la financiación de la comisión de la verdad depende única y exclusivamente del Estado" asegura Bahamonde.
El informe final de la comisión es vinculante para el Gobierno y, según los expertos, ayudaría a incrementar el conocimiento histórico del país, a tomar conciencia de las situaciones injustas para, una vez reparadas, evitar que vuelvan a producirse.