UNA PROPUESTA DE EL GOBIERNO

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Así sería la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Civil y el franquismo, un paso necesario para restaurar la memoria

Algunos dudan que una Comisión de la Verdad sobre el franquismo pueda establecer una única versión de lo sucedido, como ha ocurrido en Chile por ejemplo. Pero sí es la última oportunidad para no perder los últimos testimonios orales. Los expertos tendrían dos años para recopilar archivos y escribir un informe.

Si se cumple la voluntad del Gobierno se podría poner en marcha, por primera vez en España, una Comisión de la Verdad: "Conocer la verdad de lo que ha sucedido y en la magnitud de la violación de derechos humanos masivos que ha producido en un determinado territorio y en un determinado periodo" explica Jordi Palou-Loverdos, experto en justicia transicional.

En concreto, tal y como ha anunciado Pedro Sánchez, se analizaría la Guerra Civil y la dictadura franquista hasta 1975. Y, ¿quiénes integrarían de esa comisión? "Expertos historiadores, por supuesto, psicólogos, sociólogos y juristas" asegura Ángel Bahamonde, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III.

Expertos de gran solvencia, elegidos por el universo judicial, las universidades y distintas asociaciones que aseguren, además, neutralidad e imparcialidad. Para ello es necesario recopilar la mayor información posible sobre el periodo analizado: "Muchos de los testimonios, sobre todo orales, de las personas dañadas, se han perdido o están a punto de perderse. Por eso es un buen momento también, antes de que se pierda por completo" dice Bahamonde.

La comisión, sus integrantes y el material recopilado deben ser supervisados y seguir unas normas: "Sigue una normativa ya perfectamente establecida y consolidada por el grupo de DDHH de las Naciones Unidas" explica Bahamonde.

La duración de la comisión podría ser de dos años y su coste, según datos de la ONU, podría oscilar entre los cuatro y los diez millones de euros, pero, ¿quién se encarga de sufragarla? "El principio de neutralidad está mucho más asegurado si la financiación de la comisión de la verdad depende única y exclusivamente del Estado" asegura Bahamonde.

El informe final de la comisión es vinculante para el Gobierno y, según los expertos, ayudaría a incrementar el conocimiento histórico del país, a tomar conciencia de las situaciones injustas para, una vez reparadas, evitar que vuelvan a producirse.

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laSexta.com | Madrid | 02/09/2018

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