La iniciativa ha sido respaldada con 206 votos de los grupos solicitantes -PSOE y los nacionalistas vascos y catalanes-, Ciudadanos y Unidos Podemos, el rechazo de 136 diputados y la abstención de Coalición Canaria.
Una comisión que tiene como germen las conversaciones entre el exjefe de la Agencia Antifraude catalana Daniel de Alfonso y el ministro del Interior quien, ausente en el debate, finalmente sí acudió a la votación aplaudido por la bancada socialista.
Además de las conversaciones, la comisión propuesta pretende investigar la utilización de los efectivos, medios y recursos de las fuerzas de seguridad "con fines políticos" para obstaculizar "los escándalos de corrupción del PP" y demostrar si desde Interior se han filtrado a los medios de comunicación informes falsos para actuar judicialmente contra determinados partidos.
Durante al menos tres meses, los socialistas también quieren que la comisión investigue a algunos mandos de la cúpula de la Policía por integrar "una verdadera policía política". Su puesta en marcha queda a expensas de que la legislatura eche a andar y no haya que disolver de nuevo las Cortes y convocar terceras elecciones generales a finales de octubre.
De ponerse fin a la legislatura, los trabajos de la comisión que hayan comenzado caerán en saco roto y la propia comisión quedará disuelta. Por contra, y en el caso de que la legislatura avance y se forme un nuevo Gobierno, Jorge Fernández Díaz, o cualquier otro compareciente estará obligado a acudir al Congreso, tal y como establece el artículo 1 de la Ley Orgánica de Comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso o el Senado.
Así, el titular de Interior no podrá apelar a que como ministro se encuentra en funciones y que no puede someterse al control parlamentario. De no acudir, incurriría en un delito de desobediencia grave. No es su intención porque comparecerá "con mucho gusto" si es llamado, ha dicho al término del pleno, aunque ha querido dejar claro que la propuesta representa una "ofensa" a las fuerzas de seguridad y supone una "irresponsabilidad" por parte del PSOE "haciendo el trabajo sucio a los independentistas.