El Congreso ha autorizado el gasto de un monto total de más de 1,2 millones de euros para el pago de indemnizaciones por cese a un total de 76 diputados de la anterior legislatura que no renovaron escaño en las elecciones del pasado 28 de abril bien porque no competían o porque sus candidaturas no obtuvieron los votos necesarios para ello.

Según el Reglamento que rige las prestaciones económicas de los exparlamentarios, los diputados con un mínimo de dos años mandato tienen derecho a esta indemnización, que en todo caso es incompatible con cualquier otra retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado.

La cuantía de esta indemnización es el equivalente a una mensualidad del sueldo básico de los diputados (la asignación constitucional) por cada año de mandato en el Congreso o fracción superior a seis meses. Se va pagando mes a mes hasta un máximo de dos años.

Actualmente está asignación constitucional está fijada en 2.981,86 euros el mes y las mensualidades autorizadas por la Cámara son alrededor de 410, por lo que en total se ha planeado dedicar más de 1,2 millones de euros para abonarlas. Eso sí, el gasto puede no alcanzar esa cifra si algún beneficiario empieza a recibir otros ingresos antes de agotar el periodo de percepción de su indemnización

La mayoría de los diputados que han obtenido autorización de la Cámara para percibir esta indemnización son del PP y de Unidas Podemos. Eso sí, ninguno de los beneficiarios de Podemos o sus confluencias la cobrará por más de tres meses. En concreto, ya han empezado a cobrarla 34 exmiembros del Grupo Popular (el 44,7% del total de perceptores) y 23 del grupo confederal (30,2%).

En la lista de beneficiarios figuran también 11 exdiputados del PSOE (14,4%), tres de Ciudadanos, los tres de Compromís que no han renovado escaño, uno de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y otro del PDeCAT.

Los más veteranos y, por tanto, los que tienen derecho a una indemnización por cese más amplia son el exportavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, y los populares Teófilo de Luis y Ramón Moreno Bustos. A los tres se les ha autorizado a cobrarla durante 23 meses con lo que, si sus circunstancias no cambian y no encuentran otros ingresos, podrán acabar percibiendo un total de 68.582 euros.

Además, hay otros seis exdiputados que han obtenido aval para cobrar durante más de un año: los populares Ramón Aguirre, que presidió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el Gobierno de Mariano Rajoy, que podrá cobrarla 17 meses; José María Chiquillo (20 meses) y Gerardo Camps (14 meses); los socialistas Soledad Pérez Domínguez (19 meses) y Pedro Muñoz González (15 meses); y el exdiputado de Unión de Pueblo Navarro (UPN) Carlos Salvador (15 meses).

Los otros 67 beneficiarios de esta prestación la cobrarán durante un año o menos. De hecho, hay algunos que ya han dejado de percibirla bien por haber encontrado otra ocupación remunerada o bien porque ya la han agotado.

Así, hay entre los que ya tienen otra fuente de ingresos están el exministro del Interior José Ignacio Zoido y la exportavoz del Grupo Popular Dolors Montserrat, que ahora son eurodiputados; y la también 'popular' castellano-manchega María Jesús Bonilla, que ha podido volver al Congreso tras la renuncia a su escaño del exministro de Justicia Rafael Catalá.

También han dejado ya de cobrarla quienes se han convertido en diputados autonómicos. Este es el caso de Tania Sánchez, exdiputada de Podemos y ahora de Más Madrid, y del exparlamentario nacional de Ciudadanos Félix Álvarez 'Felisuco' que actualmente está en el Parlamento de Cantabria.

De su lado, la que fuera presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso en la anterior legislatura, la socialista Isabel Rodríguez, dejó de percibirla tras ser nombrada alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real).

La exdiputada del PP Pilar Marcos no logró renovar su asiento en la Carrera de San Jerónimo, pero sigue trabajando en el Congreso, ahora como asesora del Grupo Popular por lo que, aunque se le autorizó a cobrar más indemnización, ya ha dejado de percibirla.

También la solicitó el secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, que se quedó sin su escaño por Valladolid en las elecciones del 28 de abril, en las que ejerció como jefe de campaña de los morados. El 29 de mayo fue contratado como asesor por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos y, por eso sólo pudo cobrarla entre el 21 y el 28 de mayo. En cualquier caso, Del Olmo sólo ejerció como asesor durante nueve días porque fue cesado el 12 de junio.