El principal partido de la oposición, el PSOE, se ha abstenido, al igual que CiU y Coalición Canaria, mientras que se han opuesto a esta reforma la Izquierda Plural, UPyD, PNV y buena parte del Grupo Mixto -Amaiur, ERC, BNG, Compromís, Nueva Canarias y Geroa Bai-.
Antes de esta votación en el Congreso, el PP había decidido aprovechar una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre medidas racionalización del sector público para introducir dos enmiendas que garantizarán protección jurídica a Don Juan Carlos tras su abdicación.
El Gobierno saca adelante el aforamiento exprés de Juan Carlos con el único apoyo de dos diputados de UPN y Foro Asturias
En concreto, una de las enmiendas establece que pasarán a considerarse aforados, tanto por la vía civil como por la penal, los reyes que abdican (ahora don Juan Carlos), sus consortes (doña Sofía), los consortes del rey (la reina Letizia) y los príncipes de Asturias (de momento Doña Leonor y su futuro cónyuge).
Los citados miembros de la Familia Real pasarán a ser aforados como los miembros del Gobierno y los diputados y senadores, cuya protección está 'blindada' en la Constitución de 1978 aunque con el matiz de que, en lo relativo a la jurisdicción civil, está ligada a la permanencia en el cargo.
Además, a través de una segunda enmienda se incluye una disposición transitoria para que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados 'reales' cuando la ley entre en vigor, éstas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.
El texto y las enmiendas pasaron por la Comisión de Justicia, donde fueron aprobados con el único voto del PP frente al rechazo de Izquierda Plural y UPyD, y la abstención de socialistas y nacionalistas catalanes, y este jueves ha llegado al Pleno del Congreso, donde ya no se permitía una votación específica del aforamiento del rey, sino una global, de conjunto.
Leopoldo Barreda, miembro de la dirección del Grupo Popular, ha apelado al sentido de la responsabilidad y al sentido de Estado para cubrir "sin dilaciones innecesarias" el vacío legal creado tras la abdicación, subrayando que es precisamente la LOPJ la que regula el régimen general de aforamiento. Frente a ello, ha querido denunciar el "populismo", la "demagogia" e incluso la "barra libre de insultos" que se han vertido en estos días para criticar el cambio de estatus de la Familia Real.
En defensa del aforamiento han intervenido también Carlos Salvador, de UPN, quien sostiene que, más allá de la renuncia a la Jefatura del Estado, el rey y capitán general de las fuerzas armadas en la reserva, siempre estará en activo, y Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias, que ha denunciado la "hipocresía" de la polémica suscitada aunque ha reconocido que el procedimiento empleado es "siempre mejorable".
Abstenciones en la votación por el aforamiento
La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha optado por la abstención porque, estando de acuerdo el aforamiento de los reyes salientes, que considera "oportuno" y "necesario" en el caso de Doña Sofía, reprocha al Gobierno que haya optado por tratar este tema "importante, delicado y sensible" mediante un procedimiento de urgencia, "de tapadillo", lo cual no ve "serio".
Los socialistas han hecho hincapié en la críticas sobre las formas, y la ponente del PSOE, Meritxel Batet, ha acusado al PP e "hacer mal las cosas" para obligar a la oposición a votar sí o no, sin dar opción de debate y acuerdo. "Y no es una cuestión meramente procedimental, es que no respetar a las minorías y al procedimiento es no respetar la democracia. La responsabilidad de lo hecho y sus consecuencias es sólo suya".
Jordi Jané, de CiU, considera que el procedimiento adecuado habría sido esperar a una reforma global de la Ley del Poder Judicial para garantizar un "debate serio" buscando consensos para reducir el número de aforados y limitar la protección al ejercicio del cargo. Y lo que tenemos es una ley improvisada
En contra de los aforamientos se ha pronunciando Izquierda Plural, cuyo portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, ha dicho que la aprobación del aforamiento "vitalicio", "retroactivo" y "a la trágala" que ha decidido el PP para el rey saliente supone un "desacato" a la justicia y al juez José Castro, que mantiene como imputada a la infanta Cristina al cierre de la instrucción del 'caso Nóos'.