Los agentes acudían en busca de pruebas del cobro del 3%. Pero una les llegó sin tener que mover un dedo. Porque, según cuenta 'El Mundo', un confidente, de identidad desconocida, les entregó voluntariamente una caja fuerte con documentos, cuyo contenido analiza ahora la Fiscalía.
Tan inquietante pesquisa pertenecería a Josep Antoni Rosell, director General de Infraestructuras de la Generalitat y uno de los 10 detenidos el pasado miércoles. Según 'OKdiario', Rosell estaría detrás de la adjudicación de obras, ahora investigadas, cuyo valor sumaría más de 1200 millones de euros.
Trabajos como la prolongación del metro al Aeropuerto del Prat o la remodelación de la sede de la Agencia Tributaria catalana. Que las constructoras habrían "agradecido" con donaciones de 1,6 millones de euros a la fundación convergente.
Artur Mas insiste en desvincular la operación de sus años al frente del gobierno autonómico y dice: "se refiere a adjudicaciones de infraestructuras de 2009, haga memoria, no estábamos en el Gobierno". Pero El País recoge una transacción efectuada en marzo de 2012, la donación de 3,8 % que la Constructora ‘TEC Cuatro’ entregó a la fundación de Convergència, solo unos días después de que la Generalitat le adjudicara dos obras millonarias.
Pablo Iglesias, el líder de Podemos, dice que en "en este país la corrupción ha tenido muchos nombres, se ha llamado tres por ciento, se ha llamado CDC, se ha llamado y se llama Partido Popular". Por su parte Carme Chacón, secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, dice que que la democracia española tiene dos tesoreros en la cárcel “el del PP y el de CDC” y señala que eso "no es caza es corrupción".
A dos días del pleno de constitución del Parlament la oposición insta a Mas a dimitir. Inés Arrimadas recrimina que "no se puede tomar a la gente por tonta y decirles que en Cataluña no ha habido ni una sola irregularidad, en un procedimiento de contratación de obras públicas" porque dice Arrimadas "no es cierto".
Un intercambio de favores del que todos sacaban provecho. Según La Razón, durante los registros del miércoles, la Guardia Civil habría incautado hasta 600.000 euros en metálico, hallados en las cajas fuertes de los empresarios investigados.