Las nuevas informaciones que se desprenden de la segunda parte del sumario de la trama Púnica, cada vez arrojan más luz a la manera de actuar de Francisco Granados y David Marjaliza.
Según la Fiscalía las prácticas corruptas de los cabecillas de la trama se continuaron en el tiempo con el sucesor de Granados en el Ayuntamiento de Valdemoro. Las adjudicaciones ilegales o la cesión de bienes públicos por parte del ayuntamiento, se dilataron en el tiempo baja la influencia de los creadores de la red.
La trama Púnica aporta una novedad al mundo de la corrupción, y es que la comisión también la pagan los contribuyentes. El ayuntamiento de Valdemoro contrataba sistemas de eficiencia energética a la empresa Cofely.
Hasta ahora, lo normal es que las comisiones la pagasen las empresas a los conseguidores, en esta caso no era así. Era el Ayuntamiento de Valdemoro quien abonaba la mordida del 2% del importe del contrato mediante un informe sin valor llamado Ruta Energética y que acababa en los bolsillos de Grandos y Marjaliza.
Parte de esas comisiones pudieron acabar en altillo de los suegros del exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, que encontró la Guardia Civil y cuya procedencia desconocían. Casi un millón de euros que misteriosamente apareció en la casa de Valdemoro. El suegro de Granados asegura que a su habitación "fueron los de Ikea a poner un armario, fontaneros, ahí entraba todo el mundo".
Una explicación inaudita para el juez y con difícil explicación para Catalina Castellanos, suegra de Granados. Pero las comisiones de Cofely no eran la única fuente de ingresos de los cabecillas de la trama.
El amaño de concursos públicos para los contratos de recogida de ropa usada o la recalificación de terrenos, por los que posteriormente recibían beneficios ilegales, eran las vías por las que Granados y Marjaliza conseguían cuantiosas cantidades que, según la investigación, eran trasladadas a paraísos fiscales.