En un auto conn fecha de 23 de diciembre, la jueza notifica a la administración andaluza los informes adicionales que se hubiesen elaborado en las entidades públicas andaluzas Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA, y Turasa. La magistrada quiere comprobar que pararelismo existe entre lo sucedido entre la Agencia IDEA con lo acontecido en otras empresas públicas.
En el auto apunta que es especialmente importante para la instrucción de la causa de los EREs fraudulentos conocer las normativas anuales marcadas por el Consejo de Gobierno para el programa de fiscalización permantene de las empresas de la Junta de Andalucía.
No Obstante, la jueza solicita a la Consejería andaluza de Hacienda para que le expidan los expedientes íntegros de las empresas públicas durante los ejercicios de 2005, 2006 y 2007.
Extos expedientes, según Mercedes Alaya, deberán tener un primer anexo con los datos económicos de las empresas y otro con la memoria de los trabajos de auditoría ejecutados en los ejercicios anteriores en ejecución de los acuerdos de gobierno precedentes. Además, un tercer anexo con las modificaciones aportadas a los acuerdos anteriores.