Actos voluntarios como bodas o divorcios podrán realizarse sin la intervención de un juez

El pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la ley de jurisdicción voluntaria que permite que actos como casarse y divorciarse de mutuo acuerdo se realicen sin intervención de los jueces por operadores jurídicos como secretarios judiciales y notarios.

A falta de la votación, al final del pleno de la Cámara, con la que se aprueba la norma definitivamente, durante el debate ya ha manifestado su voto favorable el grupo popular, con mayoría absoluta, y la han apoyado en líneas generales CiU y PNV, mientras que otros como PSOE, la Izquierda Plural y UPyD han discrepado con el texto aprobado.

La diputada del PP Beatriz Marta Escudero ha recordado que se ha dado cumplimiento a una de la prioridades del Gobierno de Mariano Rajoy ante la "urgencia y necesidad de dar respuesta a una justicia civil nueva".

La portavoz popular ha aclarado que no se trata de una privatización de un servicio público ni de crear una justicia para ricos y otra para pobres y que da la opción de que puedan tramitarse múltiples asuntos civiles voluntarios por operadores jurídicos de forma gratuita al suprimirse las tasas o hacerlo ante notarios y registradores.

Por su parte, el diputado del PSOE Antoni Such ha considerado que la ley no regula toda la jurisdicción voluntaria y ha lamentado la falta de consenso que, a su juicio, se debe a la "apuesta conservadora" del Gobierno con el "carácter privatizador" de la ley.

El diputado de la Izquierda Plural Joan Coscubiela ha dicho que la norma ha llegado "tarde y mal". Rosa Díez, que ha apreciado que "se aprovecha esta norma para meter en ella todo lo que se le ocurre al Ejecutivo" y el diputado de CiU Jordi Jané se ha congratulado de la aprobación de la ley, aunque sea con retraso.

La nueva ley, que entre otras muchas novedades eleva de 14 a 16 años la edad mínima para contraer matrimonio, permitirá la celebración de bodas y divorcios de mutuo acuerdo ante notario o secretario judicial si bien la tramitación del expediente seguirá en manos de los jueces hasta junio de 2017.