Los minerales, en el foco internacional

Venezuela reabre el debate sobre la ley de minería en pleno acercamiento con Trump: ¿qué hay realmente bajo el suelo venezolano?

El contexto Tres días después de que el secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, asegurara en Caracas que el Gobierno de Delcy Rodríguez garantizará la seguridad de las mineras extranjeras, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión una nueva Ley de Minas para atraer inversión.

Delcy Rodriguez junto con Doug BurgumDelcy Rodriguez junto con Doug BurgumAgencia AP

El Parlamento de Venezuela aprobó este lunes, en primera discusión, un proyecto de Ley de Minas con el que el Gobierno busca reforzar la seguridad jurídica del sector y atraer inversión nacional e internacional. La iniciativa deberá superar todavía un segundo debate antes de su aprobación definitiva.

El texto, presentado por el diputado Orlando Camacho, del movimiento Somos Venezuela, está compuesto por 19 capítulos y 126 artículos. Según sus promotores, incorpora "criterios técnicos" destinados a generar confianza entre los inversores y a ordenar la actividad minera en todas sus fases, desde la exploración hasta el transporte de minerales. También contempla la creación de mecanismos independientes de mediación y arbitraje para resolver controversias y refuerza las competencias del Ministerio de Desarrollo Minero.

La propuesta incluye además la creación de un fondo social minero orientado a garantizar la seguridad social de los trabajadores del sector, así como de una superintendencia nacional encargada de supervisar la actividad y promover nuevas inversiones. Tras esta primera discusión, el proyecto será sometido a consulta pública antes de su debate artículo por artículo.

La sesión parlamentaria, sin embargo, no estuvo exenta de polémica. Algunos legisladores de la oposición cuestionaron el procedimiento seguido para presentar la iniciativa. El diputado Luis Florido aseguró que el texto fue entregado "minutos antes de comenzar la sesión", mientras que Carlos Dickson Berrera optó por salvar su voto para poder realizar un análisis más detallado junto a su equipo de asesores.

Tras la reunion entre Burgum y Delcy

La discusión parlamentaria se produce apenas tres días después de que el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, afirmara desde Caracas que el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez había garantizado la seguridad de las empresas mineras interesadas en invertir o regresar a Venezuela.

Burgum viajó al país sudamericano para explorar vías de cooperación en el sector minero, en un contexto de apertura económica iniciado tras la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos, impulsada después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el pasado 3 de enero.

Durante su visita, el funcionario de la administración de Donald Trump señaló que las compañías estadounidenses podrían estudiar la reapertura de antiguos proyectos mineros, siempre que el país avance en reformas regulatorias. Ese proceso, según apuntó, podría comenzar con la discusión de esta nueva ley en la Asamblea Nacional.

"En las reuniones escuchamos garantías de que, si las empresas querían acceder a estas zonas, realizar la debida diligencia o incluso reabrir minas que operaban hace 15 o 20 años, este gobierno garantizaría su seguridad", declaró Burgum a los periodistas antes de abandonar el país.

El secretario también elogió los esfuerzos del Ejecutivo venezolano para atraer inversión extranjera, especialmente a través de la reciente aprobación de la ley de hidrocarburos. Según explicó, en los encuentros mantenidos con empresas mineras se planteó la posibilidad de aplicar al sector un marco regulatorio similar al diseñado para la industria petrolera.

Qué minerales tiene Venezuela y por qué su explotación sigue siendo limitada

Ante esta propuesta y el renovado interés internacional, surge una pregunta inevitable: cuáles son realmente los recursos minerales de Venezuela y qué potencial tienen. El país no solo alberga las mayores reservas probadas de petróleo del mundo —unos 300.000 millones de barriles de crudo, en su mayoría extrapesado—, por encima incluso de Arabia Saudí. Bajo su suelo también se encuentran importantes yacimientos de minerales estratégicos que, en teoría, podrían convertirlo en una potencia minera regional.

Entre los recursos más relevantes destacan el hierro, la bauxita, el carbón, el oro, los diamantes y el coltán, además de otros minerales utilizados en la industria tecnológica. Solo en hierro se estiman cerca de 14.000 millones de toneladas de reservas, mientras que los depósitos de bauxita —la materia prima del aluminio— superan los 5.000 millones de toneladas. A ello se suman importantes recursos de carbón y la presencia de minerales estratégicos como níquel, cobre o tierras raras.

Sin embargo, la riqueza mineral del país contrasta con el limitado desarrollo de su industria extractiva. Durante años, la falta de inversión ha frenado la explotación de estos recursos. El deterioro de la infraestructura minera y energética es otro de los principales obstáculos: muchas instalaciones llevan décadas sin mantenimiento o requieren grandes inversiones para modernizarse, lo que mantiene la producción muy por debajo de su capacidad.

El oro se ha convertido en el principal mineral explotado en la actualidad, especialmente en la región del Arco Minero del Orinoco, una vasta zona del sur del país que abarca más del 12% del territorio venezolano y donde también se concentran depósitos de diamantes, bauxita y coltán. No obstante, incluso en este sector persisten grandes incertidumbres. El Gobierno ha hablado de reservas que podrían superar las 8.000 toneladas de oro, pero la ausencia de estudios geológicos actualizados impide confirmar con precisión el volumen real de recursos disponibles.

A esta falta de datos se suma otro problema estructural: la expansión de la minería ilegal. En varias zonas ricas en minerales, especialmente en el sur del país, operan redes informales vinculadas a grupos armados y organizaciones criminales. Esta actividad no solo genera graves impactos ambientales y sociales, sino que también dificulta atraer inversión extranjera y desarrollar proyectos mineros a gran escala.

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