La Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), con unos 30.000 empleados, de los cuáles 13.000 están en la Franja de Gaza, es la mayor organización en la zona al margen del Gobierno de la Franja, controlado por Hamás desde 2007.

La ofensiva israelí ha dejado en el enclave palestino más de 26.257 muertos y 64.797 heridos (según datos del ministerio de Sanidad, controlado por Hamás), mientras los supervivientes enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes. Bajo las lluvias y heladas del invierno, miles de familias con niños y ancianos viven en carpas plásticas a la intemperie, en medio del brote de epidemias y el colapso de los hospitales, además de la persistente escasez de agua potable, alimentos, medicinas y electricidad.

Según explica la propia agencia humanitaria en su página web, el 80% de la población de Gaza depende de la ayuda de emergencia de UNRWA, y el 59% está clasificada como población en situación de inseguridad alimentaria. Además, al menos el 58% vive por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 1 dólar al día. Una situación que se ha agravado en los últimos meses con el ataque de Hamás a Israel y la respuesta del régimen de Netanyahu.

La UNRWA realiza un trabajo muy plural para la población refugiada de Palestina, desde proporcionar protección y servicios sociales hasta ofrecer servicios básicos de salud y hacer que la posibilidad de una educación y la seguridad de los colegios llegue a todos los niños y niñas. Una comunidad vulnerable que alcanza los 5,9 millones de personas.

Esta ONG comenzó su labor en 1950 cuando con el fin de la guerra árabe-israelí, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad y con el apoyo de Israel y los Estados Árabes la creación de campamentos de refugiados.

Su financiación depende casi totalmente de las partidas presupuestarias que decide de forma voluntaria cada país de la ONU. Pero en los últimos días, su futuro se ha visto truncado por acusaciones a varios empleados de la UNRWA por su posible relación con Hamás y con los ataques de octubre.

EEUU, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza, Finlandia y Australia han anunciado este fin de semana la suspensión de los fondos, después de que la agencia terminara los contratos de varios empleados por esas acusaciones. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido una investigación, que ya está a cargo de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas, la máxima autoridad investigadora del organismo.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha anunciado que España mantendrá la financiación a la UNRWA. "No modificaremos nuestra relación con UNRWA aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por lo actos de una decena de personas de las alrededor de 30.000" que trabajan para esta agencia de la ONU, ha recalcado Albares.

El Gobierno realizó contribuciones voluntarias a la UNRWA por valor de 18,5 millones de euros en 2023, incluidos 10 millones aprobados el pasado mes de diciembre, tras la decisión de triplicar la ayuda de cooperación y humanitaria a Palestina. Así se ha pronunciado durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, después de que el viernes la UNRWA anunciara la expulsión y la apertura de una investigación inmediata a varios integrantes del organismo por su presunta participación en el ataque terrorista de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre. Poco después, Estados Unidos anunció que suspendía la financiación a esta agencia de la ONU, paso que han dado también durante el fin de semana otros países como Reino Unido, Canadá, Australia y Japón.

Dentro de la UE, ha habido división entre los socios. Así, países como Italia, Países Bajos o Alemania han anunciado que no aportarán más fondos a la UNRWA, mientras que Francia ha dicho que tampoco lo hará por el momento, si bien no tenía previsto ningún desembolso próximamente. Por contra, Irlanda ha dejado claro que no tiene intención de dejar de financiar a esta agencia de la ONU. En España, los socios de gobierno han defendido que no se interrumpa la financiación de la UNRWA.