El presidente estadounidense, Barack Obama, ha anunciado que adoptará acciones ejecutivas para reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos después de dar oficialmente por muertas sus esperanzas de sacar adelante legislación en ese sentido en el Congreso.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, informó a Obama la semana pasada de que su cámara no votará este año la reforma migratoria, acabando con las opciones de que la ley aprobada por el Senado pueda entrar en vigor.
El revés se ha producido en un momento en el que el presidente trata de hacer frente a la llegada masiva de menores inmigrantes no acompañados procedentes principalmente de Centroamérica.
Asimismo, abre una nueva batalla con los republicanos en el Congreso, que acusan a Obama de ir más allá de su autoridad legal para emprender acciones ejecutivas en cuestiones como los derechos de los homosexuales y el pago igualitario para mujeres y hombres.
"Solo adopto acciones ejecutivas cuando tenemos un problema serio, una cuestión seria, y el Congreso opta por no hacer nada. Y en esta situación, el hecho de que los republicanos de la Cámara no aprueben una maldita ley es malo para nuestra seguridad, es malo para nuestra economía y es malo para nuestro futuro", ha defendido Obama en una declaración en el Rose Garden de la Casa Blanca.
"América no puede esperar para siempre a que actúen. Por eso hoy estoy comenzando un nuevo esfuerzo para arreglar todo lo que pueda del sistema de inmigración por mi cuenta, sin el Congreso", ha precisado.
El presidente ha dado instrucciones al secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson, y al fiscal general, Eric Holder, que trasladen recursos de los cuerpos de seguridad del interior de Estados Unidos a la frontera para promover la seguridad pública. Obama ha dicho que ha pedido a su equipo que prepare recomendaciones sobre o tras acciones que pueda adoptar unilateralmente antes de finales de verano.
Obama lleva años tratando de sacar adelante una reforma que permita un camino hacia la ciudadanía para los alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos.
La ley aprobada por el Senado prevé esas medidas, pero los republicanos en la Cámara se oponen a ellas, bajo el argumento de que suponen una amnistía para personas que han entrado al país de forma ilegal.
El paso a la vía ejecutiva se produce en un momento complicado para la Administración. El presidente ha enviado una carta al Congreso pidiendo recursos adicionales para afrontar el problema de los menores no acompañados que entran en el país y que han creado una crisis humanitaria. Obama ha repetido que la mayoría de estos niños serán enviados de vuelta a sus países.
Hasta hace poco la Casa Blanca albergaba la esperanza de que los republicanos en la Cámara avanzarían en la reforma migratoria este verano antes de las elecciones al Congreso de noviembre y de hecho aplazó la revisión por el Departamento de Seguridad Nacional sobre los cambios a la política de deportación para dar más margen a una solución legislativa. Ahora, son muchos los que piensan que si no se aprueba la ley este año, quedaría varada hasta que haya nuevo presidente en 2017.