Otros 771 ucranianos defensores de la metalúrgica Azovstal en Mariúpol (sureste) abandonaron en la última jornada esa instalación, con lo son ya 1.730 militares los que se han "rendido" y entregado a las fuerzas rusas desde el lunes, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso. Estos centenares de soldados pertenecen al llamado Batallón de Azov, ha indicado el portavoz castrense, el general mayor Ígor Konashénkov, en su parte bélico matutino. "Todos aquellos que necesitan tratamiento hospitalario (cifrados en ochenta) reciben asistencia en instituciones médicas" en la localidad de Novoazovsk, controlada por Rusia a través de la autoproclamada república popular de Donetsk, y en la ciudad de Donetsk, dominada desde 2014 por los separatistas prorrusos, ha explicado el portavoz militar.

Rusia no ha revelado cuántos defensores quedan aún en la siderúrgica tras tres días de "rendiciones", según denomina Moscú a la salida de los militares de Azovstal, o "evacuaciones", en la jerga de Kiev, que no informa del operativo desde el martes por la mañana. Sin embargo, el líder de la autoproclamada república popular de Donetsk (RPD), Denis Pushilin, ha asegurado que más de la mitad de los militares ucranianos sitiados por las fuerzas rusas en la acería Azovstal se ha rendido. "A día de hoy más de la mitad de ellos, esto es absolutamente exacto, ya han salido de allí con bandera blanca", ha dicho Pushilin en declaraciones al canal de televisión de Telegram "Soloviev live".

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha informado, por su parte, de que ha elaborado un registro de cientos de prisioneros de guerra ucranianos que defendieron la metalúrgica de Mariúpol con el fin de hacer un seguimiento de su arresto y ayudarles a ponerse en contacto con sus familias. Este registro se lleva a cabo a través de un formulario en el que los soldados anotan su nombre, fecha de nacimiento y datos de un pariente cercano, ha detallado Cruz Roja en un comunicado. El "CICR debe tener acceso inmediato a todos los prisioneros de guerra allá donde se encuentren, de acuerdo con el mandato otorgado por los Estados a través de las Convenciones de Ginebra de 1949", ha recordado la centenaria organización.

También ha insistido en su derecho a entrevistar a este tipo de prisioneros sin testigos, o a visitarlos sin restricciones de duración o frecuencia. El Gobierno ucraniano quiere intercambiar a estos "evacuados" por prisioneros rusos, pero Moscú aún no se ha pronunciado públicamente sobre esta posibilidad, que encuentra resistencia en el Parlamento ruso y los separatistas prorrusos del Donbás. En este orden, Rusia ha puesto a dos comandantes del Batallón Azov en la lista de busca y captura por haber atentado supuestamente contra la vida de al menos ocho soldados rusos en la región ucraniana de Jersón, según la agencia Interfax.

Se trata de Serguéi Velichko y de Konstantin Némichev, según la misma fuente. Según Moscú, estarían implicados en un atentado contra la vida de al menos ocho soldados rusos en la región de Járkov, en el sur de Ucrania. Tanto Kiev como Moscú exigen juzgar e incluso imponer la pena de muerte a los "criminales de guerra", término con el que algunos diputados califican a los miembros del Batallón Azov.

Peligro en Azovstal

El continúo bombardeo ruso sobre las instalaciones siderúrgicas de Azovstal, en Mariúpol, en el sur de Ucrania, podría haber originado una filtración de sulfuro de hidrógeno al mar de Azov, una sustancia muy contaminante. Según ha asegurado el Ayuntamiento de Mariúpol en su canal de Telegram, la filtración podría incluso amenazar con la extinción de la fauna y la flora de las aguas del Azov: "El bombardeo de Azovstal podría haber dañado una estructura técnica que contiene decenas de miles de toneladas de una solución concentrada de sulfuro de hidrógeno".

"Una fuga de este líquido matará por completo a la flora y fauna del mar de Azov. Además, estas sustancias peligrosas pueden llegar a los mares Negro y Mediterráneo", ha advertido el consejo municipal. Por su parte, el alcalde de Mariúpol, Vadym Boichenko, ha anunciado la necesidad de la entrada inmediata de expertos internacionales y de la ONU en las instalaciones de la acería para estudiar la situación y prevenir un desastre medioambiental de características globales. La ciudad portuaria de Mariúpol ha sufrido los bombardeos más intensos desde que comenzó la invasión rusa, el pasado 24 de febrero, y ha quedado prácticamente destruida.

Mientras, los pocos ciudadanos que quedan en ella se enfrentan a una grave crisis humanitaria ante la escasez de agua potable y de alimentos. Las instalaciones de la acería de Azov, cercanas a la ciudad, fueron el último reducto ucraniano conquistado por los rusos, quelograron controlar la zona hace apenas dos díasy detener a los militares que aún permanecían resistiendo en ellas. Las informaciones que aporta periódicamente el ayuntamiento de Mariúpol, cuya autoridad ya ha sido sustituida por una nueva administración impuesta por los rusos, no pueden ser contrastadas por fuentes independientes. El Gobierno de Kiev denunció este fin de semana que la acería había sido bombardeada por las fuerzas militares rusas con fósforo blanco, un arma prohibida por la Convención de Ginebra.