El Gobierno alemán ha anunciado un plan para luchar contra el cambio climático que contempla inversiones de hasta 54.000 millones de euros en energía, transporte, construcción e innovación y desarrollo. El objetivo es alcanzar para 2030 una reducción del 55% de las emisiones de dióxido de carbono (con respecto a 1990), en línea con lo acordado dentro de la Unión Europea, después de que el país no vaya a lograr cumplir el objetivo de reducción del 40% para 2020.
"Ahora no somos sostenibles", ha reconocido la canciller alemana, Angela Merkel, al presentar este paquete de 70 medidas de cara a la cumbre de líderes convocada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para abordar la crisis climática. "Hay evidencias masivas del mundo científico", añadió, en alusión a la crisis climática, y "quien pretenda ignorarlas no actúa con justicia hacia el futuro".
Al ámbito político le corresponde "llevar a la práctica lo que es practicable", continuó Merkel, consciente de que estas medidas parecerán "insuficientes" a muchos de los que "en Berlín, como en todas partes del mundo" salían este viernes a la calle reclamando acciones contundentes.
Dentro de ese término de "medidas practicables" se inscribe el paquete de 70 medidas concretas que la coalición de Merkel, integrada por su bloque conservador y el Partido Socialdemócrata (SPD), implantará "progresivamente", con una serie de mecanismos de evaluación periódica. El ministro de Finanzas, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha sido quien ha cuantificado en 54.000 millones de euros el volumen global del paquete destinado a alcanzar los objetivos de reducción para 2030.
La medida principal es el establecimiento de una tasa a las emisiones de CO2, que crecerá progresivamente hasta que se pueda poner marcha un mercado de derechos en el que participarán las empresas que produzcan o distribuyan combustibles para el transporte o la calefacción.
A partir de 2021 se empezará a pagar 10 euros por tonelada de CO2 y el precio irá subiendo progresivamente hasta que en 2025 cueste 35 euros la tonelada, cuando entre en funcionamiento el mercado de derechos de emisiones. Esto afectará al precio de la gasolina, el diésel, el gasóleo para calefacciones y el gas natural.
No obstante, se controlará la banda de fluctuación del precio de la tonelada de CO2 para evitar que lastre mucho el poder adquisitivo de los consumidores, que a la vez verán aumentar la desgravación por su desplazamiento diario al trabajo. El tren pasará a ser más barato, porque el impuesto sobre el valor añadido (IVA) pasará del 19 al 7%. El precio del billete de avión se encarecerá, avanza el programa, aunque sin dar detalles.
Además, se fomentará la producción de las energías renovables, con ayudas a la fotovoltaica e incentivos para que los municipios instalen plantas eólicas.
La aplicación y el efecto de todas estas medidas se irá siguiendo anualmente por un comité independiente con el objetivo de que se cumplan los objetivos de reducción de emisiones. Merkel subrayó asimismo que este programa se va a llevar a cabo manteniendo la "estabilidad presupuestaria". También se ha descartado emitir instrumentos financieros similares a los "bonos verdes", pese a que esta opción se barajó -según algunos medios- durante algún momento de las negociaciones.