El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha acusado este miércoles al PSOE de "construir una historia fantaseada de destrucción" de la educación pública y de contar "supuestos" casos de familias que no pueden afrontar los gastos de los libros de texto o no pueden acceder a becas universitarias.
Wert ha respondido así a la diputada socialista, Elena Valenciano, quien le ha preguntado si considera que hay motivos para la protesta de la comunidad educativa. A demás, ha señalado que el consenso contra la política educativa del actual Gobierno "no tiene precedentes" y le ha dicho que pese a tener a toda la comunidad educativa en contra "usted cree que todos se equivocan".
"Me recuerda al personaje del chiste que tras tomar la autopista en dirección contraria y ver que todos los coches venían de frente, llamó a la policía para decirle que la carretera estaba llena de conductores suicidas", ha dicho Valenciano.
Tras esta acusación, Wert ha parafraseado al filósofo José Ortega y Gasset quien dijo que "o se hace precisión, o se hace literatura o se calla uno", y le ha dicho a Valenciano que los casos de alumnos que no pueden pagar sus estudios que ha narrado ante el pleno "no sé si tienen algo que ver con lo que usted entiende por literatura, pero desde luego no tiene nada que ver con la precisión".
Por otro lado, el PP ha anunciado que acepta estudiar una enmienda presentada por UPyD a la reforma educativa con el fin de reforzar el castellano como lengua vehicular de la enseñanza en toda España.
El diputado popular Eugenio Nasarre ha explicado que con la nueva enmienda se pretende reforzar la idea de que el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en toda España y las cooficiales también en sus comunidades.
El nuevo texto de la disposición adicional 38 del artículo único 88 de la Lomce dirá, como pedía UPyD: "El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo serán también en las respectivas CCAA, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable".
El texto anteriormente fijado en la reforma decía: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios".