El texto definitivo de la reforma laboral, que entró en vigor el ocho de julio de 2012, fija que transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado uno nuevo o dictado un laudo arbitral, "aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación".
El decaimiento supondría que en el caso de que no exista un convenio de ámbito superior, los trabajadores afectados pasarían a regirse por la legislación laboral básica, que en términos de remuneración llevaría al Salario Mínimo Interprofesional, 645,30 euros al mes en 2013.
Los sindicatos ven con mayor preocupación este tema por el perjuicio que el decaimiento de los convenios supondría para los derechos de muchos trabajadores y han avisado de que llevarán a los tribunales los casos en los que se dejen de aplicar.
A pesar de ello, los sindicatos aseguran que quedan 1.320 convenios perjudicados por un eventual decaimiento que afectan a 1.844.479 trabajadores. Sin embargo, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, cifra en no más de cien el número de convenios pendientes de negociar para evitar que decaigan el próximo ocho de julio, cifra que ha calificado de "ridícula".
Esta disparidad de criterios ha llevado a CCOO y UGT a hacer un llamamiento al Gobierno para pedirle que se plantee el límite de fecha que fija la reforma porque de lo contrario "será responsable" de la conflictividad y de la pérdida de competitividad que se producirá.
Báñez confía en las partes para cerrar convenios
Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez ha destacado que el Gobierno tiene "muchísima confianza en la responsabilidad y buen hacer" de la negociación entre los agentes sociales y asegura que la reforma de las pensiones estará lista en septiembre.
La ministra asegura que "la definición del factor de sostenibilidad lo presentaremos en las cortes en septiembre como proyecto de ley para que al final se pueda discutir en las cámaras hasta final del año".
Por eso, está convencida de que se encontrarán soluciones para cerrar los convenios pendientes y para que ganen "todos", tanto los trabajadores, como las empresas y la sociedad española.
"Dejemos a las partes que ejerzan la responsabilidad constitucional que tienen, que es negociar y pactar las condiciones de trabajo en los convenios colectivos", ha insistido la ministra.
Báñez ha reiterado que la negociación colectiva es "autonomía de las partes" y una "responsabilidad" de los empresarios y las organizaciones sindicales, que son quienes deben pactar las condiciones, para conseguir un mercado de trabajo "competitivo".
Además, ha añadido que también se están manteniendo muchos puestos de trabajo gracias a la "responsabilidad y la flexibilidad" en la negociación de las condiciones de trabajo.