La Junta de Andalucía pide cerca de 6 millones de euros al Banco Popular y al Banco Sabadell por no ceder sus viviendas sociales. Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, declara que "han incumplido un deber que establece la ley, ya que los bancos tienen que ofrecer sus viviendas a los registros municipales".
El Banco Popular ha obviado ofrecer a los registros municipales 97 viviendas que ha mantenido mientras en el mercado libre. La sanción por vivienda sería de 60.000 euros, por lo que el gobierno andaluz le reclama ahora 5,82 millones de euros en total.
Por su parte, el Sabadell sólo tendrá que pagar 120 mil euros por dos viviendas sociales ocultadas. Elena Cortés, afirma que "han ocultado esas viviendas para otros menesteres que no tienen nada que ver con el derecho humano a la vivienda".
[[LINK:EXTERNO|||http://www.lasexta.com/temas/noticias/desahucios-1.html|||El número de demandantes en los registros municipales no ha parado de crecer]] y, sin embargo, las promociones de viviendas protegidas están prácticamente paralizadas en la actualidad.
La Junta de Andalucía tiene además otros expedientes sancionadores similares abiertos contra otras 6 entidades bancarias. La consejera advierte que el objetivo de su departamento es perseguir la especulación y acabar con la impunidad de los bancos.
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