El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar, el expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio y el exsecretario del mismo Raul Massó han comparecido como investigados por el 'caso Soule', que investiga las irregularidades en la organización durante el mandato de Villar -en concreto, el desvío de fondos de 7,9 millones de euros-. Según han confirmado fuentes jurídicas a laSexta, Sánchez Arminio se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez.

Villar, por su parte, se ha limitado a indicar que él tenía funciones institucionales, pero no ejecutivas, en relación con los árbitros; también, que los fondos investigados no tenían un carácter finalista, por lo que el Comité Técnico de Árbitros podía utilizarlos en lo que quisieran. En cuanto a Massó, el exdirigente también ha asegurado que no tenía funciones sobre esos fondos, señalando directamente a Sánchez Arminio. Los tres han declarado como investigados por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que admitió un recurso de La Liga, que ejerce de acusación particular en el 'caso Soule'.

En su escrito, la Liga denunciaba que de las diligencias practicadas se deriva la existencia de un nutrido volumen de pagos manifiestamente ajenos a los fines convencionales para los que la LNFP aportaba a la RFEF los fondos convenidos, llevado a cabo en virtud de un "acuerdo arbitral referente a la aplicación el posible remanente generado como consecuencia de los fondos transmitidos por la LNFP a la RFEF", alcanzado y documentado, según los denunciantes, por personas sin atribución ni competencia alguna para ellos.

Una actuación que se hizo, dice la Liga, a sus espaldas, de forma que los que eran -a la fecha de los hechos- presidente y secretario del CTA prestaron su conformidad y ordenaron el pago de una serie de facturas, con fondos de la LNFP, de "gastos completamente ajenos al futbol profesional, alterándose así el destino de los fondos entregados por la LNFP a la RFEF, siendo aquellos subordinados del presidente de esta última, quien se benefició ilícitamente de tales fondos, por lo que se interesa se declare la condición de responsable civil subsidiaria de la RFEF".

Por su parte, el fiscal considera que existen indicios para entender que la LNFP percibe fondos de la recaudación de las quinielas, cuyo control y seguimiento tiene encomendada la Comisión de Seguimiento en la Participación de las Quinielas Deportivas, dependiente del Consejo Superior de Deporte (CSD), sin perjuicio de las funciones de control financiero realizadas por la Intervención General la Administración del Estado (IGAE).

Una de las obligaciones establecidas mediante acuerdo de la citada Comisión a partir el ejercicio 2004/2005 es que esa aportación de dinero público se destine a sufragar el pago de los derechos de arbitraje de las competiciones oficiales de fútbol, y que cualquier otro tipo de obligación a sufragar mediante ese remanente requerirá la previa comunicación y acuerdo favorable de la citada Comisión.

De esta forma, se materializan los convenios de coordinación LNFP-RFEF, en cuya virtud, la LNFP hace entrega de esas aportaciones a la RFEF, asumiendo esta última su gestión, sin contraprestación alguna. Los informes periciales practicados en las actuaciones, según el fiscal, concluyen que las aportaciones realizadas por la LNFP correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en la suma de 7.999.013,18 euros, correspondientes a estos conceptos, indicando que esta diferencia no se encuentra justificada y que tales fondos no han sido destinados a su fin.

"Y de lo instruido se desprenden indicios de que, en la decisión de destinar tales fondos a otro tipo de gastos, diferentes a los previstos en los convenios, habrían intervenido tanto el Presidente como el Secretario Técnico del CTA", concluye el Ministerio Público.

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