Las elecciones del 23J han abierto el debate sobre la financiación autonómica, que se ha colado en la escena política a pocas semanas de que Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez deban conseguir sus apoyos de cara a una posible investidura. Tanto Sumar como PSOE se han abierto a condonar deuda y han asegurado que es urgente revisar el modelo el sistema de financiación que lleva en vigor desde 2009 y está pendiente de revisión desde 2014. Sin embargo, en el PP no ha gustado nada la idea porque ha abierto una brecha entre sus barones regionales que intenta calmar, y acusa al PSOE de hacer un uso "partidista" para favorecer la investidura de Sánchez.

"La reforma del sistema de financiación autonómica es una urgencia que tenemos que presentar y que está en nuestro programa electoral para abordarlo durante esta legislatura", ha sostenido esta semana la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. Declaraciones criticadas por los 'populares' y apoyadas por la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha abogado por actualizar el modelo de financiación autonómica por considerarlo "caducado". El Gobierno en funciones intenta así responder a las reclamaciones de los partidos independentistas, sobre todo de ERC, que sigue insistiendo en que también es clave para las negociaciones. No solo los catalanes hace esta petición, ya que formaciones como Coalición Canaria o Compromís se han sumado a esta exigencia.

Esta idea, que la oposición considera como una concesión a los partidos independentistas para que apoyen la investidura de Sánchez, ha puesto en 'guerra' a las comunidades autónomas, que 12 de las 17 están en manos de los 'populares'. Hay dos frentes: en contra y a favor. Por un lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado rotundamente esta propuesta y la considera un "agravio comparativo", porque Madrid es una de las tres autonomías que no tienen deuda con el Estado.

Sin embargo, es una opinión que dista, por ejemplo, de la que ha expresado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que sí apoya una reforma de la financiación. Aunque ha asegurado que defenderá una financiación "justa" para su comunidad porque su excepcionalidad está acreditada y no tolerará que su reforma "se negocie en un cuarto oscuro" con posibles "intereses de investidura o de separatismo o de los que claman por los países catalanes". A su juicio, es un tema "con el que no conviene ni mercadear". Por su parte, Compromís, principal partido de la oposición en la Comunitat, ha puesto dos condiciones al PSOE para apoyar una reedición del Gobierno: acabar con la deuda histórica de la C. Valenciana y la reforma de la financiación autonómica.

El PP trata de calmar a sus barones

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha criticado este jueves duramente al PSOE y ha asegurado que "no se puede diseñar un modelo de financiación a la carta para Cataluña". Aun así, el PP sabe las ampollas que levanta entre sus barones un rechazo a la reforma y Génova ha intentado calmar las aguas. Por eso, aseguran que ellos están "abiertos a la negociación de un nuevo sistema de financiación". "Tiene que ser multilateral, con la participación de todas las comunidades autónomas. Eso no puede utilizarse al arbitrio de Sánchez para conseguir un puñado de votos de ERC y Junts", ha sostenido Tellado en una entrevista en RTVE.

En cuanto a las diferencias entre los Ejecutivos autonómicos del PP, ha aseverado que su partido "tiene la misma postura, pero en cada comunidad se expresan diferente": "Hay que modificar el modelo de financiación porque es insuficiente y no es justo para algunos territorios". Sobre la postura de Carlos Mazón, Tellado ha explicado que "es lógico que el presidente diga que también que quiere la quita (de deuda) para la Comunidad Valenciana". El dirigente 'popular', además, ha querido restar importancia a esta 'guerra' y ha asegurado que "sobre esta cuestión hay más consenso entre las comunidades autónomas de lo que se piensa, tanto en el PP como en el PSOE".

Asimismo, el vicesecretario ha acusado al PSOE de hacer un uso "partidista" del sistema de financiación autonómica para favorecer la investidura. Tras calificar esta propuesta de "tremendamente grave", Tellado ha dicho que, con ella, el PSOE "vuelve a las andadas" y le ha acusado de estar dispuesto "a gobernar a cualquier precio y a atender cualquier propuesta" de los independentistas. "No todo vale" con tal de que Sánchez se mantenga en la Moncloa, ha advertido. "El uso partidista del sistema de financiación es un error que ningún gobierno debe cometer y menos facilitar la investidura de quien ha perdido las elecciones", ha indicado.

¿Cómo es este sistema y por qué no se reforma desde 2014?

La titular de Hacienda en funciones ha recordado con esta propuesta que ha puesto sobre la mesa que en la pasada legislatura se hicieron "varios intentos" para tratar llegar a un acuerdo con el conjunto de comunidades autónomas, sin embargo Montero ha reconocido que "no hubo el clima necesario" para alcanzar un consenso, dado que había comunidades que defendían sus posiciones de "máximo" y esto imposibilitaba un acuerdo. La negociación que hubo durante meses encima de la mesa giraba en torno a cómo se debía comportar el modelo de variable de dispersión o el modelo de la variable de la población. No obstante, no hubo unanimidad para un acuerdo, por lo que Montero ha señalado que ahora tendrán que seguir trabajándolo.

El debate se ha abierto ahora por la reforma de la financiación autonómica, que lleva pendiente desde hace catorce años y que debería revisarse cada cinco, así como las deudas que tienen las comunidades autónomas con el Estado y una posible quita de la misma. El Estado financia los servicios públicos traspasados a las comunidades autónomas, como la sanidad o educación, desde los años ochenta del pasado siglo y se ha ido adaptando a medida que las CCAA iban asumiendo competencias. Es en 2009 cuando la Administración Central y los gobiernos autonómicos acordaron reformar el SFA de 2002 y aprobaron el sistema que está vigente, refrendado por el Congreso, en el que se especificaba que se revisaría cada cinco años.

Afecta a las CCAA de régimen común (todas excepto el País Vasco y Navarra, que cuentan con sus propios sistemas de financiación) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y su objetivo es mejorar el Estado de bienestar de todas las comunidades garantizando la equidad y la suficiencia. Con los fondos del SFA se financian la sanidad, la educación y los servicios sociales. Otras inversiones o gastos como los de carreteras, política industrial, políticas de empleo o cultura no están cubiertos por el SFA y se financian con otros impuestos.

Los gobiernos calculan la transferencia de recursos haciendo una previsión de los ingresos que se van a recaudar por los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, algunos de ellos cedidos totalmente como el IBI, y otros estatales de los que se entrega una parte, como el IVA o del IRPF. Son las denominadas entregas a cuenta que el Gobierno anualmente contempla en los Presupuestos Generales del Estado y que cada año actualiza según hayan cambiado las variables que determinan la financiación. Las comunidades reciben mensualmente las entregas a cuenta y a los dos años, conocidos ya los datos reales de recaudación, se ve si se han sido calculados al alza o a la baja. Es cuando se hace la "liquidación" que normalmente sale a favor de las autonomías y es cuando hay que hacer un nuevo pago.

Las primeras entregas a cuenta que se calcularon con el modelo de 2009 se introdujeron en los presupuestos de 2010 y ascendieron a 75.732 millones y las últimas correspondientes a las cuentas de 2022 fueron de más de 111.000 millones. Los criterios de reparto para calcular la financiación que corresponde a cada comunidad se hacen por población ajustada, ponderando la población según franjas de edad, la superficie, la dispersión e insularidad de cada territorio.

Para asegurar la financiación de la totalidad de las competencias autonómicas y la equidad entre comunidades existen varios fondos: el Fondo de Suficiencia Global, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y los Fondos de Convergencia, que tratan de evitar posibles desequilibrios del sistema. El Fondo de Garantía asegura que todas las comunidades van a recibir los mismos recursos por habitante, en términos de población ajustada y los Fondos de Convergencia intentan minimizar cualquier distorsión que exista entre autonomías y tiene en cuenta por ejemplo los niveles de vida de cada región.

¿Qué reclaman las comunidades autónomas?

Son muchas las comunidades que exigen una reforma del modelo al sentirse infrafinanciadas con el actual sistema. Son varias las que alertan de que han sido agraviadas y que exigen ser compensadas teniendo en cuenta su población real, pero varios gobiernos autonómicos reclaman que se tengan en cuenta también otros factores, como el envejecimiento o la dispersión de la población. Es frecuente que en las negociaciones sobre el modelo de financiación las comunidades se alineen no en función del color de sus gobiernos sino de sus características comunes (las más despobladas, por ejemplo).

¿Qué deuda tiene actualmente cada autonomía?

Actualmente, Cataluña es la comunidad que más dinero debe, en concreto tiene una deuda de 71.852 millones de euros. Le siguen la Comunidad Valenciana (46.274 millones), Andalucía (25.276), Castilla-La Mancha (11.069), Murcia (9.762), Aragón (4.940), Baleares (4.828), Cantabria (3.100), Galicia (2.759), Extremadura (2.288), Castilla y León (1.966), Canarias (1.296), Asturias (858) y La Rioja (758 millones de euros).

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