Hubo un tiempo no muy lejano en el que en el periodismo no eran necesarios verificadores, ni fast checkers ni nada parecido. Los profesionales contrastábamos nuestras informaciones con varias fuentes y sólo cuando pasábamos ese filtro publicábamos una noticia, un dato o una historia. Los periodistas y los medios cumplían su función de gatekeepers, es decir, éramos la garantía para el lector, el oyente o el espectador de que lo que se contaba estaba suficientemente contrastado y, por tanto, era verdad.

Aunque, evidentemente, de vez en cuando se colaba gato por liebre y bien por mala praxis o por afán intoxicador se difundían noticias falsas. Si quien propagaba esos bulos era un político, se tardaba muy poco en reprocharle su mentira y ponerle colorado. Ese tiempo, créanme, no es tan lejano, aunque dé la sensación de que hablo del paleoperiodismo de las hojas volanderas. Llegaron los medios digitales, las redes sociales y los políticos dejaron de comparecer ante la prensa. El papel de gatekeeper quedó tan obsoleto como el del corrector en la prensa y tuvieron que aparecer los verificadores para intentar poner al descubierto las mentiras de medios, pseudo medios y, sobre todo, de políticos.

Al encomiable esfuerzo de muchos compañeros dedicados en desigual batalla a combatir la desinformación le surgió un enemigo poderoso: el sesgo de confirmación, ese fenómeno que provoca que el público se crea las noticias que están de acuerdo con su forma de ver el mundo, por disparatadas que sean, y deseche las que no cuadran con su habitualmente estrecha visión del universo. Ese sesgo de confirmación se ha vuelto el mejor aliado de los políticos que han introducido la mentira en su quehacer diario.

Probablemente, el bulo con mayor éxito de los últimos tiempos es aquel que sostiene que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos o fosas comunes –se utilizan los dos términos–, sólo superado por Camboya o por Birmania. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repitió este bulo en dos intervenciones durante el pasado año. En julio dijo que España estaba sólo por detrás de Camboya y en septiembre dijo que sólo nos superaba Birmania. Así de inconsistente es la mentira que tantos éxitos ha cosechado. Además de Pedro Sánchez, la mentira de las fosas comunes-desaparecidos tuvo como mayores propagadores a los próceres de Podemos, pero a ella se apuntaron también con entusiasmo Jueces para la Democracia y algunos miembros del Gobierno catalán. En este trabajo de Newtralpueden ver cómo el éxito del bulo es inversamente proporcional a su veracidad.

La ley del solo sí es sí está siendo un gran campo de batalla entre las mentiras que los políticos tratan de colocar para maquillar el desastre de la reforma del Código Penal y todos los profesionales de la información que, sencillamente, cuentan el resultado de la ley estrella de la ministra Irene Montero atendiendo a las resoluciones de los tribunales. Mi compañero Alfonso Pérez Medina es el titular de la cartera de tribunales en laSexta Noticias. Es un tipo serio, poco dado a las alharacas, forjado en las galeras de las agencias de noticias, donde los excesos y la falta de rigor se condenan con una carta de despido. Alfonso ha informado puntualmente de los resultados de la reforma con el mismo distanciamiento emocional con el que un relojero pone la pila a un reloj.

Y, claro, esos resultados que ha contado Pérez Medina y sus compañeros de tribunales dejan en evidencia todas las mentiras de las impulsoras de la reforma: Irene Montero dijo que no habría rebajas de pena, que quienes advertían de ello difundían propaganda machista; Vicky Rosell –jurista de profesión y secretaria de Estado– aseguró que no habría ni treinta rebajas y que, por supuesto, no se excarcelaría a nadie. Y Ángela Rodríguez llama "contadores de la ultraderecha" a quienes osan informar del desastre que su incompetencia ha creado.

El Tribunal Supremo, todas las audiencias provinciales –excepto la de Ávila– y doce de los diecisiete tribunales superiores de Justicia –excepto Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cantabria– han reducido condenas y han excarcelado a delincuentes sexuales. En total, 721 rebajas y 74 excarcelaciones. Esa es la verdad que Alfonso Pérez Medina ha contado día a día, resolución tras resolución. El precio a pagar por mi compañero es que desde hace meses los mismos políticos que mienten descaradamente le han señalado de manera ruin y cobarde en ese cadalso del siglo XXI que son las redes sociales. Es lo que Pablo Iglesias y sus compañeros llaman "jarabe democrático".

Menos mal que a Pérez Medina, como al teniente coronel Killroy y a mí, le gusta el olor del napalm por la mañana y el del alquitrán y las plumas con las que los cobardes pretenden señalar a los profesionales de la información. Y como posdata y vacuna ante el nuevo bulo o la media verdad que intentan deslizar los responsable del desastre del solo sí es sí: "el Código Penal de La Manada" hizo posible que los violadores de una joven en Pamplona fueran condenados a quince años de prisión, la pena mínima con la que se condena un asesinato.