Este mes de mayo el precio medio de la electricidad ha sido de 27,52 euros por megavatio hora (€/MWh), casi el doble de los 14,22 €/MWh del mismo mes de 2024. Esta cifra aparece en la carta informativa que me ha enviado mi proveedor de electricidad, y no es la única comercializadora que ha alertado a sus clientes de que los costes de la electricidad se han disparado como consecuencia del gran apagón del 28 de abril. España obtiene cerca del 75% de su electricidad de fuentes renovables. Las fuentes renovables como la eólica y la solar producen energía de forma intermitente, no están acopladas directamente al sistema (son asíncronas) y no aportan inercia, por lo que es necesario implantar métodos para estabilizar la red y evitar apagones. Hay varias opciones para lograrlo, pero la que se ha elegido es priorizar el uso de centrales de gas de ciclo combinado en detrimento de las renovables.

Una central de ciclo combinado es una instalación que produce electricidad quemando gas natural. Son centrales relativamente eficientes y rápidas de activar, además están conectadas al sistema eléctrico como generadores síncronos aportando inercia eléctrica por lo que son útiles como respaldo en momentos de alta demanda o inestabilidad.

Una de las consecuencias de esta decisión es la subida de la factura de la luz, primero porque el gas es la fuente de energía más cara, y segundo porque la electricidad está en el modelo marginalista de fijación de precios: el precio lo marca la tecnología más cara necesaria para cubrir la demanda. Si hay que activar una central de gas, aunque el resto de la energía provenga de renovables o nucleares, será el gas el que fije el precio final.

Otro de los problemas del gas natural es que es un combustible fósil con un notable impacto climático, tanto por las emisiones de CO2, como por la de contaminantes asociados como los óxidos de nitrógeno (NOx), el material particulado (PM10 y PM2.5), el monóxido de carbono (CO) y las fugas de metano (CH4), un gas de efecto invernadero 84 veces más potente que el CO2.

Otro problema es que España no produce gas. Somos un país dependiente de las importaciones. Actualmente nuestro suministro principal procede de Argelia, seguido de Estados Unidos y Nigeria, que lo exportan en forma de gas natural licuado (GNL). Rusia, que era uno de nuestros proveedores principales, desde la guerra de Ucrania ha dejado de suministrar gas a España, así que seguimos siendo vulnerables a las tensiones internacionales del mercado del gas. Esta estrategia de respaldo basada en centrales de gas refuerza nuestra dependencia energética y reduce nuestra soberanía.

Una alternativa al gas natural que nos daría independencia y sería más sostenible en términos medioambientales es producir biometano y utilizarlo como combustible en las centrales de ciclo combinado. El biometano es un gas con una composición casi idéntica al gas natural, pero se produce a partir de la digestión de residuos orgánicos, por lo que se considera prácticamente neutro en emisiones de CO2. Esta alternativa está en proceso de implantación en España. Otros países como Francia, Países Bajos o Dinamarca ya usan biometano en algunas centrales eléctricas.

La decisión de quemar más gas para estabilizar un sistema eléctrico con un 75% de renovables es una solución cortoplacista. Deberíamos estar acelerando la implantación de sistemas de control y almacenamiento energético. Por ejemplo, baterías de gran capacidad que acumulen el excedente renovable, o producción de hidrógeno verde, que es una forma de almacenamiento químico de energía renovable que posteriormente se puede utilizar a demanda como combustible libre de carbono. Sin embargo, la mayoría de los grandes proyectos de hidrógeno verde en España están sufriendo importantes retrasos debido a trabas administrativas y a una falta de planificación realista.

Otra alternativa sería reforzar el parque nuclear existente, que es una fuente de energía limpia en términos de emisiones de carbono, y que además es síncrona e inercial, por eso tiene un papel clave en la estabilidad de la red eléctrica. Además, para consolidar la soberanía energética, se podría retomar la exploración de uranio, dado que hay reservas en la península que no se están aprovechando. Otro dato a favor de la energía nuclear es que el coste de generación es más bajo que el gas (45–70 €/MWh nuclear, frente a los 90–180 €/MWh del ciclo combinado), la volatilidad de precios es muy baja (la del gas natural es alta) y las emisiones de CO2 son prácticamente cero (la energía nuclear no paga por emisiones de CO₂, a diferencia del gas, que sí debe adquirir derechos de emisión en el mercado europeo, lo que encarece aún más su uso).

Si España contara con más potencia nuclear operativa, la factura eléctrica sería más baja y estable. El problema es que en España el debate sobre la energía nuclear está viciado por el populismo y la desinformación, lo que ha llevado a tomar decisiones contrarias a la opinión general de la comunidad científica. La mayoría de los científicos consideramos que la energía nuclear es necesaria como respaldo firme y libre de emisiones para las renovables. A pesar de ello, en España no se han construido nuevas centrales desde los años 80, y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se contempla el cierre progresivo de todas nuestras centrales nucleares entre 2027 y 2035. Un sistema eléctrico basado en energías renovables requiere de una buena estrategia de respaldo y almacenamiento, de lo contrario será vulnerable. El apagón del 28 de abril fue una prueba de ello. La prueba de que desoír a la ciencia y no planificar la transición energética correctamente desde un principio tiene efectos catastróficos. Sin embargo, en lugar de enmendar la situación con soluciones sostenibles y de futuro, se ha optado por una solución cara, contaminante y dependiente.

Quemar más gas es un apaño temporal, un parche carísimo en términos económicos, sociales y medioambientales. Y ahora, todos esos errores y sus respectivos apaños los vamos a pagar entre todos los ciudadanos. Mientras que las autoridades aún no han dado una explicación técnica oficial, ni de responsabilidad ni de medidas de prevención, ya estamos sufriendo sus consecuencias en el bolsillo. La estabilidad de la red no se puede improvisar, y la transición energética requiere de planificación, responsabilidad y ciencia.