La ley del 'solo sí es sí' es una magnífica ley. Tal y como está. Con rebajas de pena incluida,porque las penas en este país ya son altísimas y el debate punitivista es un cepo para la izquierda del que debe huir en cualquier circunstancia. No importa que un condenado por agresión tenga 15 o 14 años. Esa pena no cambia nada de manera sustancial y lo importante es que esos años en prisión sirvan para que sea reinsertado en la sociedad y cuando salga, porque saldrá, no vuelva a ser un peligro para las mujeres. Ese es el planteamiento progresista de la justicia, lo contrario es caer en unos marcos reaccionarios de derecho penal que terminan en última instancia en el planteamiento de la pena de muerte para resolver problemas que se tienen que resolver desde una perspectiva integral.

Las consecuencias derivadas de la ley del 'solo sí es sí' han terminado con el capital político que Irene Montero se había ganado gracias a unas leyes ambiciosas, avanzadas y que han puesto España en la vanguardia de los avances feministas. Los errores cometidos en la defensa de esta ley les han colocado en una posición imposible ante la opinión pública y han sido vapuleados. Han perdido y no hay nada que se pueda hacer para revertirlo. En Podemos no han sido muy brillantes a la hora de aceptar la realidad y las consecuencias derivadas de sus errores, siempre han centrado su defensa en el victimismo e interpretar la merma de apoyos electorales en un agente externo que explicara todos sus males. El coste político que ha supuesto la rebaja de penas para el Ministerio de Igualdad ha sido totalmente devastador, y lo ha sido por sus decisiones, por no haber sabido reaccionar a tiempo ni haber comprendido la situación de crisis y emergencia a la que tenían que enfrentarse.

El coste político de las reducciones de pena por la ley del 'solo sí es sí ' es una consecuencia innegable independientemente del relato político que se quiera tener para exonerarse de su responsabilidad legislativa. Si aceptamos el relato de Podemos de que todos los jueces son fachas con toga, o Rubiales con toga, el error político es aun mayor porque han creado una herramienta que permite a los jueces rebajar penas e incrementar el daño reputacional a Irene Montero incluso entre electores progresistas. Si sales de la trinchera a una guerra en campo abierto y sin protegerte no eres responsable de que te maten, pero pones más fácil hacer diana.

Si el problema de la reducción de penas se circunscribe solo a los jueces, ¿cómo se explica que cada juez tenga una interpretación diferente con la misma ley del mismo hecho? Uno de los argumentos que se expone para explicar que el problema son los jueces es exponer el voto particular de una de las jueces contraria a la reducción de penas, inutilizando así su propia explicación. De los tres jueces que han conformado el tribunal que ha sentenciadola reducción de penas a Ángel Boza, dos de ellos estuvieron en el tribunal que condenó al mismo penado a nueve años de cárcel en 2018 por los mismos hechos. Uno de los jueces consideró que eran nueve años y abuso, pero el otro hizo un voto particular considerando que debían ser 14 años. El Tribunal Supremo, por otro lado, consideró con la anterior ley que la pena debía ser de 15 años. Varios jueces han decidido cosas diferentes con las mismas leyes en el mismo caso, lo que hace que el problema no es solo de los jueces, sino del error político de permitir a algunos jueces que te hagan daño con sus decisiones. Lo inteligente era protegerte de sus actuaciones, y con su estrategia de comunicación negando que se producirían excarcelaciones, descubrieron un flanco donde les desangraran.

Aquellos que vinieron a la política española a explicarnos cómo funciona la rueda cayeron de bruces en el mayor error político posible, el que explicaba George Lakoff, y usar el peor marco posible para la izquierda y el mejor para la derecha. Eligieron ir a jugar al campo contrario en las peores condiciones posibles y fueron derrotados con estrépito. Es imposible competir en severidad con el marco reaccionario del punitivismo porque es propiedad de la derecha. En el fondo lo saben, porque son de todo menos tontos, pero no pueden reconocerlo.

Uno de los mayores problemas que ha tenido Podemos ha sido que haciendo unos diagnósticos certeros e irrebatibles desde el punto de vista de la cultura de la izquierda han actuado en contra de ese mismo diagnóstico. Uno de esos ejemplos de diagnosis acertada ha sido el de la capacidad performativa de los medios de comunicación y el inmenso poder que tienen como estructura genérica para marcar agendas y construir realidades alternativas. Tienen razón, por eso no se entiende que sabiéndolo hayan actuado al margen de los grandes medios hasta quedar relegados a la irrelevancia mediática en pequeños medios de nicho sin capacidad para intervenir en la agenda pública. Tienen razón, y como tienen razón hay que intervenir en todos los medios para intentar mover el marco a tus intereses.

El otro, el que nos ocupa, es la denuncia de la actuación de una judicatura extremista al margen de los poderes democráticos. Es normal que al PSOE le hubiera pillado desprevenido la capacidad de los jueces para intervenir en política porque nunca han sido conscientes de su esencia o han creído que podían controlarlos desde dentro, pero no se entiende que Podemos haya minusvalorado la capacidad de la judicatura para intervenir en política y hacerle pedazos. Les dejaron una puerta abierta y las togas han entrado con tanques. Un error de juicio político que ha acabado con la prometedora carrera de Irene Montero.