"Exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentran en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". Eso es lo que ha pactado el 'moderado' Juan Manuel Moreno Bonilla con Vox para conseguir volver a ser elegido presidente de la Junta de Andalucía. Todo el mundo entiende a qué se refiere lo pactado, Vox el primero, pero el PP de Andalucía pretende engañar y no asumir lo evidente desinformando para afirmar que esa medida no se refiere a la sanidad y sí a los servicios sociales. Lo primero y lo más importante, que lo pactado sea ilegal no implica que sea lo que han pactado.
La ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud aprobada en el año 2003 no deja lugar a la interpretación y especifica: "Las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española".
La madre del cordero está en el concepto "urgencia vital". El Tribunal Supremo ya definió jurídicamente en 1999 a qué se refiere el concepto urgencia vital en sentencias de la sala social referidas al reintegro de gastos médicos por haber sido atendido en un centro privado. El alto tribunal lo define como una situación patológica en la que la gravedad ponga en riesgo la vida de tal manera que no se puede permitir una demora derivada de acudir a un centro médico público. Posteriores sentencias matizaron hasta dejarlo más pulido añadiendo que la no asistencia y la demora implicaran riesgo para la vida, la integridad física, la funcionalidad de órganos esenciales o sufrimientos intolerables. En todos los casos la "urgencia vital" alude a la necesidad de atender sin demora por el riesgo para la vida. Es decir, casos críticos y urgentes.
Hay mucha gente que al leer "urgencia vital" asume, y entiende, que cualquier enfermedad grave, como un cáncer infantil, estaría incluida, pero no es así. Una "urgencia vital" es una emergencia que, de no ser atendida de manera urgente, y por urgente se entiende de manera inmediata, acabaría con la vida. Por "urgencia vital" se entiende una anafilaxia, un infarto, un ictus, un traumatismo crítico y dolencias similares. Un cáncer, por ejemplo, no compromete la vida de manera inmediata, así que no se trataría porque entre otras cosas nunca se detectaría al no tener acceso a la atención primaria, a los especialistas, y a las pruebas diagnósticas que permiten el tratamiento.
Un niño con leucemia y metástasis en situación irregular no se encuentra en urgencia vital por lo que jamás sería atendido atendiendo al literal de lo pactado por PP y Vox. La pregunta que habría que hacerle a Juan Manuel Moreno Bonilla, y que nunca tendremos oportunidad de hacerle porque no se atreve a contestar, es si va a dejar morir a un niño en esa situación por estar en situación irregular. Lo pactado dice que sí.
He preguntado a un jefe de servicio intensivista, a un neurólogo, y a dos médicos internistas para preguntarles qué entienden ellos por "urgencia vital" y todos están de acuerdo en que lo más relevante de la medida es la discriminación y el recorte de derechos fundamentales y la dificultad para definirlo desde un punto de vista clínico y asistencial. Todos están de acuerdo en que ese concepto circunscribe la atención a las urgencias, porque una vez allí para un facultativo opera el código deontológico médico y tiene que atender a cualquier persona que llegue a un servicio de urgencias y no importa si hay "urgencia vital" o no, porque el mero hecho de la valoración para ver si se cumple esa característica es ya una atención médica. El problema, coinciden, será cuando una vez atendido y si se diera el caso, ingresado, funcione la administración del hospital y aplique el protocolo político.
La versión de la Junta de Andalucía al respecto de lo pactado roza el insulto a la inteligencia e intenta trasladar que el concepto "urgencia vital" que está incluido en todos los pactos de PP y Vox a nivel autonómico no se refiere a la atención sanitaria. El equipo de Juan Manuel Moreno Bonilla ha defendido que el acuerdo no tiene nada que ver con la sanidad y que no tiene como objetivo eliminar de las prestaciones en atención primaria y especialistas a los inmigrantes irregulares, sino que se circunscribe a la cartera de servicios sociales e inclusión incluidos en el catálogo de prestaciones de del sistema público de servicios sociales incluidos en el Decreto 48/2025 de 24 de febrero. Preguntados al respecto de por qué usan el concepto "urgencia vital" que tiene que ver con lo clínico y asistencial y que solo se usa en el sector sanitario reconociendo que es un concepto que solo se usa en sanidad aseveran que se usará solo para prestaciones como la renta de inserción, ayudas a la dependencia, y resto de medidas del catálogo de prestaciones de servicios sociales.
Vox siempre se ha referido a la sanidad a la hora de hablar de "urgencia vital" a pesar de que el PP lo quiera negar quizás por la vergüenza de Juan Manuel Moreno Bonilla de haber pactado lo que ha pactado. Rodrigo Alonso, de Vox, declaró al respecto en marzo de este año: "Ante una urgencia sanitaria hay que atender a cualquier persona, pero no podemos empezar a repartir tarjetas sanitarias a todo el que llegue de manera ilegal para que saturen los servicios públicos y la sanidad".
Pero no hay que recurrir a declaraciones pasadas. El líder de Vox, Santiago Abascal, que es quien manda en Andalucía, ha declarado que, si una persona tiene un riesgo vital, no se mirará la nacionalidad, pero que estarán exentos del catálogo de servicios sanitarios que tienen los españoles. Es decir, tiene meridianamente claro que la medida se refiere a la sanidad. Porque el PP pretende engañar y mentir de manera descarada trasladando que no es así. Puede que sea a su conciencia a la que pretenden engañar.
