La investigación,
dirigida por la Fiscalía Antidroga y el juzgado Central de Instrucción 5 de la
Audiencia Nacional, comenzó hace 22 meses, cuando los agentes incautaron 2.700
kilos de hachís y arrestaron a tres personas que transportaban el alijo desde
las playas de Huelva hasta la zona en la que iban a almacenar la droga.
Esto situó a los agentes
tras la pista de una organización dedicada al tráfico marítimo de hachís que
distribuía tanto a nivel nacional como internacional, constatando,
posteriormente, un entramado dirigido por un conocido empresario onubense con
dos estructuras totalmente diferenciadas.
Una de ellas se dedicaba
a los aspectos financieros recaudando dinero, blanqueando y financiando las
actividades delictivas; la otra rama se encargaba del transporte,
almacenamiento y distribución de hachís por todo el territorio nacional y
estaba dirigida por un mecánico naval.
Tras continuar con las
pesquisas en una segunda fase de la investigación se tuvo conocimiento de la
infraestructura con la que contaban, destinada a introducir embarcaciones
semirrígidas por el río Piedras, a la altura del municipio de Cartaya (Huelva).
El empresario contactaba
con proveedores marroquíes y negociaba los términos de los transportes de
droga, ofreciendo seguridad y garantías para la llegada de la mercancía a
tierra firme.
Posteriormente la rama
operativa se comunicaba con el empresario a través de teléfonos encriptados o
personas que servían de enlace para asegurarse confidencialidad y preparaban dispositivos
de vigilancia terrestre, marítima y aérea para asegurar la introducción de la
droga.
Una vez que el hachís
era introducido en España se procedía a su distribución y venta, para lo que la
organización recibía un código desde un teléfono de Marruecos, impreso también
en los fardos de mercancía, el cual indicaba la cantidad pagada y su calidad,
de este modo sabían qué partida de droga debía distribuir a cada uno de sus
múltiples clientes.
La última fase consistía
en blanquear los ingresos a través de diferentes establecimientos hosteleros,
lo que permitía a los miembros de la trama justificar la posesión de inmuebles,
vehículos y medios aéreos.
Fruto de las pesquisas
los agentes tuvieron conocimiento de que los investigados planeaban introducir
el pasado agosto una gran partida de droga mediante el empleo de una lancha
rápida, por lo que se estableció un dispositivo de vigilancia en el río
Piedras.
En total fueron
incautados 73 fardos de hachís con un peso aproximado de 2.300 kilos, se detuvo
a dos de los participantes en el alijo y se recuperaron los dos vehículos
utilizados, uno de los cuales había sido sustraído en Málaga.
Finalmente la tercera
fase de la investigación culminó con 11 entradas y registro en Huelva, y en las
localidades onubenses de Cartaya y Almonte, y la detención de 9 personas, 7 en
Huelva y 2 en Santa Cruz de Tenerife.