"Resulta meridianamente claro que los hechos anteriores, y el delictivo uso dado a las tarjetas de crédito, hubiese sido imposible sin la participación de los presidentes de las entidades durante el tiempo que fueron utilizadas las tarjetas, y sin la colaboración necesaria del director del comité de medios", añade el documento, que recoge los argumentos de las acusaciones.
Los tres pusieron en funcionamiento y mantuvieron un sistema corrupto de despatrimonialización de las entidades, al tiempo que fueron beneficiarios de las tarjetas, por lo que se atisba también indicios de apropiación indebida.
El sistema, prosigue el auto, era claramente "opaco" al establecer que los destinatarios no tenían que presentar "justificación documental alguna" sobre los gastos efectuados.
La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y cuatro años y medio para su sucesor al frente de la entidad, Rodrigo Rato, unas penas que Bankia reduce a cuatro y tres años, respectivamente.
Pero la entidad financiera va más allá que Anticorrupción y les acusa también de administración desleal, al igual que el FROB, que reclama cuatro años y nueve meses de prisión para Blesa y tres años para Rato. El juez Andreu considera la acusación de la Fiscalía por el uso de las tarjetas opacas, emitidas al margen del circuito establecido, durante el período comprendido entre enero de 2003 y mayo de 2012.
En el auto, contra el que no cabe recurso, Andreu mantiene la acusación contra los otros 63 usuarios de las tarjetas al considerar que habrían incurrido en un delito de apropiación indebida continuada.
En total son 66 los usuarios de las tarjetas a los que se acusa de un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas diversas de entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas.
En el caso de Bankia, que descubrió y denunció las black, la entidad pide penas a los exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid en función del dinero gastado y el que hayan devuelto. De ese modo, reclama dos años entre rejas a una veintena de antiguos miembros del consejo que gastaron más de 50.000 euros, entre ellos el ex secretario de Estado Estanislao Rodríguez-Ponga y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.