Tras 37 borradores y 72 modificaciones al proyecto final, la  ley de reforma local ya está aprobada. Estas son sus claves:


Las diputaciones
Quien más gana es precisamente la institución más cuestionada: las diputaciones La ley da poder a las diputaciones para hacerse con la gestión de las basuras, el agua o el alumbrado público de todos los municipios de menos de 20.000 habitantes. Si el municipio quiere recuperar la gestión, deberá demostrar que su propuesta es más barata que la de la diputación. Y además, la diputación tendrá que dar el visto bueno. El objetivo es ahorrar. Que una sola institución centralice todo para abaratar costes.Pero detrás de esto se esconden varios temores: porque las diputaciones no tienen precisamente fama de transparencia democrática

Los servicios sociales
Segunda gran polémica de la ley: los ayuntamientos deberán renunciar a dar servicios sociales a sus vecinos como la ayuda a domicilio olas residencias de ancianos. La ley obliga a los ayuntamientos a cedérselos a las Comunidades Autónomas. Pero las Comunidades no van a recibir ningún dinero extra para hacerse cargo de ellos. ¿Cómo van a prestar unos servicios sin presupuesto?

Reducción de políticos y sueldos
Otra de las claves de la ley está en la supuesta reducción de políticos y sus sueldos. Cuando el Gobierno presentó la ley anunció a los cuatro vientos que se eliminarían cargos políticos innecesarios y que se bajarían sus sueldos. Pero en la ley que finalmente se ha aprobado, eso no aparece. España seguirá con el mismo número de concejales.

El suelo
La cuarta clave de la ley de reforma local afecta al gran tesoro de todo ayuntamiento: el suelo. Ese suelo sirve para viviendas de protección oficial, para colegios o iglesias o para venderlo si hay que financiar alguna obra o cubrir algún gasto. A partir de ahora se puede vender con otro fin: reducir deuda.  Los ayuntamientos deben 35.290 millones de euros y una quinta parte de esa deuda es cosa suya.

El ahorro
Toda estas medidas buscan un objetivo casi sagrado: el ahorro. Pero esta ansia de austeridad se centra en los ayuntamientos, precisamente la única administración que no sólo no ha perdido dinero, sino que incluso tiene superávit: 2.200 millones. ¿Realmente era necesario tocarlos?