Desde 1874, seis miembros del clan han sido presidentes de la diputación. Sus retratos adornan el vestíbulo del organismo provincial. El último de ellos, y seguramente el más polémico, Carlos. Su seña de identidad, las gafas de sol con las que oculta un ojo de cristal. La leyenda dice que se lo arrancó su hermano con unas tijeras por accidente.
Él sintetiza todas las características del cacique de libro. Un tipo de trato cercano, simpático en las distancias cortas. Pero cuando hace política en la diputación, se transforma. Tampoco le gustan los periodistas críticos. Y no duda en hablarles con desprecio o en darles lecciones de periodismo.
En los plenos nunca faltan los palmeros que aplauden todas sus intervenciones. No importa lo antidemocráticas que sean. No es raro escuchar de su boca insultos gruesos dirigidos a la oposición. Y si algo tiene Fabra es 'cariño'. Y le encanta repartirlo entre sus rivales políticos.
El control absoluto que Carlos Fabra ha ejercido en Castellón en las últimas décadas se apoya en una red de votos cautivos y agradecidos tejida a base de favores. Nadie lo explica como el propio Fabra. Así se lo contaba a varios miembros de su partido poco antes de unas elecciones. Lo que no sabía es que uno de ellos le estaba grabando:
"Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años. Pero entre Penveta, el hospital, la Diputación, el puerto... ni sé. Madre que quiere entrar en el Colegio de la Consolación de Burriana, que está muy difícil, y esa señora es un voto agradecido. Por lo tanto, creo que no hace falta que me extienda mucho más".
El otro pilar sobre el que ha descansado el poder de Carlos Fabra tiene su origen en la idiosincrasia del PP valenciano. Valencia y Alicante viven en un permanente enfrentamiento por dominar el partido en la Comunidad. Y Castellón, o sea Fabra, es quien decanta la balanza de un lado o del otro. Eso si, a cambio de que nadie se entrometa en su territorio.
El control de todo lo que se mueve en la provincia alcanza incluso a la Justicia. Desde 2004, hay una causa abierta contra él por cohecho, tráfico de influencias y varios delitos fiscales. Pero juzgarle en Castellón parecía imposible. Ocho jueces y tres fiscales decidieron abandonar el caso.
Incluso se jactaba en público de ser impune, quejándose irónicamente de que jueces y fiscales no hacen su trabajo: "No han hecho su trabajo y los delitos han prescrito".
Hasta que llegó Jacobo Pin, el primer juez en atreverse a llevarle a juicio. Denunció tantas presiones para abandonar que pidió ayuda al gobierno de los jueces y el Supremo ha tenido que ordenar que se celebre el juicio.
