La portavoz de vendedores sin licencia del mercadillo de El Baratillo reventó en sollozos en el turno de intervención de los ciudadanos durante el pleno municipal, que estuvo presidido por la alcaldesa, Teófila Martínez, según confirman fuentes de la corporación.
En el pleno del Ayuntamiento de Cádiz, la vendedora ambulante pedía una licencia para vender manualidades en el mercadillo, y dejó claro lo que piensa de los políticos. En su opinión, los ciudadanos es lo que menos les importa, tal y como dijo en el Ayuntamiento: “Nos demostráis en cada pleno que pasáis de nosotros, que os importamos tres pitos. Nosotros, que os hemos dado ese puesto de trabajo por el que vosotros cobráis y nosotros cobramos una puta mierda".
Su indignación se debe a la falta de dinero que le dificulta dar de comer a su familia, por ello, reclama que dejen de ahogar a la gente pobre y se preocupen más por ellos. "¿Para quién trabajáis, coño? Para nosotros, si trabajáis para el pueblo ¡y no os habéis enterado!"
Entre sollozos, les reclama a los políticos que le concedan la licencia para poder trabajar legalmente y ganar el dinero para dar de comer a su familia. “Le digo a usted, que trabaja para mí, para el pueblo, necesito una licencia para dar de comer a mis dos hijas”.
Inmaculada reivindica que los políticos trabajen por y para el pueblo, para su bienestar. “Los que estamos allí somos personas, a ver si os enteráis, y detrás de esas personas hay familias, familias que viven de lo poco que consiguen. ¡Déjennos tener dignidad!”.
Harta de pasar tiempo en la calle comerciando ilegalmente, demanda la licencia para poder trabajar y no estar preocupada de las autoridades.
“Trabajo con mis manos para alimentar a mis hijos, y pienso cada domingo a ver si hay suerte y no llega la poli hoy y me echa y me llevo 20 euritos”.
El pleno de este lunes fue de extrema tensión. Testigos aseguran que se impidió la entrada a todos los ciudadanos que querían acceder y que sólo se permitió el paso a aquellos que tenían la palabra pedida, como Michinina.
También se desalojó a trabajadores del sector del metal, que desplegaron una protesta, y se declaró al comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, persona 'non grata' por unanimidad tras la decisión de Bruselas sobre los astilleros.
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