La imputación del juez García Castellón por terrorismo a Carles Puigdemont en el marco de la investigación sobre Tsunami Democràtic ha causado una oleada de tensión en plena negociación de la investidura. La Generalitat le ha acusado incluso de prevaricar por influir en la negociación de Gobierno.

El propio García Castellón reconoció hace unas semanas que estaba en contra de la amnistía, y ha sido varias veces acusado de defender los intereses al PP. Se trata de uno de los jueces más veteranos de la Audiencia Nacional desde que aterrizara en 1993 para sustituir a Baltasar Garzón. Por este motivo, ha tenido que decidir sobre algunos de los casos de mayor repercusión política, como el caso Banesto, por el que envió a prisión al empoderado banquero Mario Conde.

Fue también el primer responsable de la caída de Jesús Gil, de su destitución y de desmontar su emporio; y fuera de nuestras fronteras, cercó al dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad.

Lideró en esta primera etapa desde la Audiencia Nacional la lucha contra ETA en sus años más duros: en sus manos cayeron las investigaciones sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco o el atentado contra Jose María Aznar. También lo hizo con las operaciones fuera de España por la detención y entrega de sus máximos dirigentes.

Sin embargo, en su carrera como parte del tribunal hubo un paréntesis patrocinado por el Gobierno de Aznar para ejercer como juez de enlace, primero en Francia y luego en Italia. Su regreso se produjo 17 años después, cumpliendo el sueño de Igancio Gonzalez de apartar de su caso a Eloy Velasco. Heredaba de su antecesor las dos causas que, tras la Gürtel, volvían a cuestionar las cuentas del PP. Decenas de cargos acabaron exculpados, al entender que sus delitos habían prescrito o no había indicios. Entre ellos, Ruiz-Gallardón, Aguirre o Cifuentes.

Asume, además, el complejísimo 'Caso Tándem', que le lleva, entre otras cosas, a solicitar al Supremo imputar a Pablo Iglesias en relación con el 'Caso Dina', e investigar en secreto a su formación por supuesta financiación ilegal.

Pero las decisiones más controvertidas en esa causa tienen que ver con la 'Kitchen'. García Castellón ha sentado en el banquillo al exministro Jorge Fernández Díaz, pero descargó las responsabilidades sobre su departamento -Interior- y la Policía evitando juzgar al PP. Tras la primera imputación de Cospedal, rechazó procesar a la exsecretaria general, como pedía la Fiscalía.

Entre sus últimas decisiones, rechazó investigar por corrupción a la alcaldesa de Marbella y envió a juicio a los responsables de los CDR. La imputación de Puigdemont lo vuelve a situar en el foco en un momento difícil.

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