El juez García Castellón ha reclamado a la Seguridad Aérea europea y a la OTAN todas las incidencias que hubo en el tráfico aéreo de el Prat durante los disturbios de Tsunami Democràtic. El magistrado busca hallar indicios de terrorismo tras señalar a Puigdemont y Rovira como líderes de la plataforma independentista.

Además de preguntar a la OTAN o a la Agencia Europea de Seguridad Aérea, también ha solicitado información al 112 y al hospital Bellvitge por si hubiera alguna incidencia relacionada con el bloqueo del aeropuerto o con el posterior traslado al hospital del turista que falleció durante las protestas de Tsunami Democràtic en el aeropuerto del Prat.

El hombre, un ciudadano francés de 64 años, sufrió un infarto en la Terminal 2 del Aeropuerto del Prat, cuya Terminal 1 estaba siendo afectada en las protestas de Tsunami Democrátic en octubre de 2019. Según los servicios médicos, solo tardaron 3 minutos en atenderle. Sin embargo, tras ser trasladado en helicóptero al Hospital de Bellvitge, murió.

Emergencias negó entonces a los compañeros de Newtral que esa muerte estuviese relacionada con la protestas, pese a que diversas informaciones apuntaran a que el hombre había tenido que andar 4 kilómetros por el bloqueo en la Terminal 1. Ahora, el juez García Castellón busca hallar las circunstancias que rodearon la muerte y determinar si tuvo alguna relación con las protestas.

García Castellón quiere saber si el turista realizó algún tipo de llamada desde El Prat solicitando ayuda, ya que como dice el juez en su resolución, el Aeropuerto no solo es un objetivo estratégico sino que su bloqueo buscaba provocar daño económico y podría haber tenido un resultado catastrófico.

¿Qué pasó aquel día?

Todo empezó con un mensaje en redes sociales que convocaba a todo el mundo al Aeropuerto de Barcelona. El objetivo era parar toda la actividad del Prat. Animaban a ir en coche, trasporte publico, e incluso andando. Miles de personas respondieron a este llamamiento y, durante horas, la carretera estuvo cortada. Por este motivo, centenares de manifestantes y turistas tenían que llegar a pie al Aeropuerto. Los primeros manifestantes en llegar, consiguieron incluso, entrar a la terminal. Hubo sentadas, protestas y las primeras cargas al intentar llegar a las puertas de embarque.

Su intención era pasar el control de seguridad y bloquear la zona de embarque; para eso distribuyeron cientos de billetes en su canal de Telagram Otro de los objetivos era bloquear el centro de control aéreo. Así, animaban en redes sociales a pasar por este punto, lentamente, para atascar la zona y que los controladores no pudiesen realizar el cambio de turno. Sin embargo, no lo consiguieron porque los Mossos intervinieron.

Sí se bloqueo la T1 con miles de personas que se concentraron en sus entradas. Los convocantes insistieron en que la protesta era pacífica, pero también llegaron a enfrentamientos con los Mossos en los que se lanzaron todo tipo de objetos. Las barricadas y las cargas policiales llegaron poco después. A medianoche, los manifestantes abandonaron la protesta y la normalidad fue poco a poco volviendo al aeropuerto.

Esta protesta obligó a cancelar centenares de vuelos. Los daños económicos ascendieron a, al menos, 1,8 millones de euros. Y eso es, precisamente, lo que tiene en cuenta el juez García Castellón, que insiste en la gravedad de bloquear un Aeropuerto, una infraestructura crítica, estratégica, que da un servicio esencial.

Por este motivo, los aeropuertos tienen una seguridad específica, sobre todo, en las pistas, y la torre de control. Hasta allí no llegaron las protestas, pero aun así el juez cree que la "acción puso en peligro la seguridad del Aeropuerto" y que el intento de bloqueo del centro de control "pudo haber causado un peligro para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional." La Fiscalía, en cambio, no comparte esa visión: no cree que sea terrorismo, sino desórdenes públicos.

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