El caso de Gregorio Serrano, al que le asignaron una vivienda de la Guardia Civil, ha puesto el foco en el uso de viviendas públicas por parte de los altos cargos. ¿Quién tiene derecho a una vivienda pública? ¿Cuánto paga por ella? ¿Quién paga las reformas o los gastos de comunidad de esa vivienda?
ObjetivoXtra ha hablado de este tema con la presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, que ha reconocido que en el Portal de Transparencia no aparecen estos datos. La ley actual obliga únicamente a publicar la ubicación de los inmuebles y a qué ministerio pertenecen pero no el uso que se les da, por lo que no se puede distinguir entre viviendas, talleres, almacenes, oficinas…
Por ello, reclama que en los reglamentos que tienen que desarrollar la Ley de Transparencia se exija la publicación del uso que se da a cada uno de los inmuebles del Estado.