Laúltima reunión celebrada entre Amyts, el sindicato sanitario convocante de la huelga de Atención Primaria en Madrid, y la Consejería de Sanidad tuvo lugar el pasado miércoles, y fue la tercera entre ambas partes. Desde entonces, cruce de acusaciones y unos sanitarios quesiguen movilizados a la espera de que se atiendan sus demandas.
El consejero madrileño Enrique Escudero ha mantenido este martes, cuando los facultativos se encuentran su segunda semana de huelga, que son los sanitarios en huelga los que tienen que dar un primer paso para retomar la negociación, puesto que argumenta que son ellos los que frenaron las conversaciones de manera "unilateral". Y para probar sus disposición a sentarse a hablar de nuevo, han dado ese primer paso.
La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha cogido su teléfono frente a las cámaras de un equipo de laSexta y ha intentado contactar con Enrique Escudero. Este no ha respondido a la llamada, pero Hernández le ha dejado un mensaje en su contestador.
"Buenos días, Enrique. Como acabo de escuchar tus declaraciones diciendo que nosotros sabemos cómo ponernos en contacto con vosotros, te estoy haciendo esta llamada para decirte que seguimos dispuestos a negociar una salida de esta huelga y que estamos a tu disposición", ha arrancado Hernández en su mensaje.
Y ha seguido: "No entendemos muy bien por qué sigues diciendo que hubo un preacuerdo cuando no lo puedes enseñar firmado y sabes que no fue así, pero seguimos en el mejor de los ánimos para tartar de llegar a una solución de todo esto y acabar con el sufrimiento de los profesionales y la población".
El mensaje ha quedado grabado en el buzón de voz del consejero, el "paso adelante" que demandaba a Amyts.
Casi cinco horas de reuniones
La división y la falta de acuerdos y compromisos marcan la primera Conferencia de Presidentes en 33 meses
¿Una conferencia fallida? Después de casi cinco horas de reuniones a puerta cerrada, una veintena de comparecencias ante la prensa y tras todo ello una primera decisión: una convocatoria para negociar la quita de su deuda con el Estado, que supera los 200.000 millones de euros.