Los inquilinos de los pisos de protección oficial vendidos a un fondo buitre en Torrejón de Ardoz se niegan a pagar la subida del alquiler de casi el 100% ni a irse de sus viviendas. Es el caso de su portavoz, Marco Trillo, que empezó pagando 426 euros, pero al que la empresa que ha adquirido su vivienda ahora le pide 860.
"Quieren que nosotros nos hagamos cargo del IBI; eso es ilegal, aparte de inmoral", señala Trillo, "no sé cómo se les ocurre doblar el precio". "Así estamos muchos vecinos", denuncia.
Por eso, unas 80 familias seguirán en sus viviendas sin contrato. "Jamás vamos a dejar de pagar", precisa su portavoz, "pero vamos a seguir pagando lo que estábamos pagando hasta ahora".
Su objetivo, sostiene, es sentarse a negociar con Blackstone, la empresa que ha adquirido sus pisos. Unos pisos, recuerda, que eran de protección pública. "En diez años no se nos va a arreglar tanto la vida como para pagar el doble", explica.
El fondo en cuestión, de momento, "no se ha pronunciado", aunque Trillo confía en que "llegará un momento en que tengan que sentarse a negociar". "Esto no puede estar pasando en España", critica.
"No nos vamos a marchar", insiste el portavoz de Bloques en Lucha Torrejón, que lamenta que esta situación de incertidumbre "a muchos vecinos, a unas mil viviendas afectadas, nos está truncando el futuro". "Mi hijo me pregunta si el año que viene celebraremos aquí su cumpleaños y no lo sé", cuenta.
"Esto le puede pasar a cualquiera", concluye Trillo, "ningún vecino de aquí va a firmar nada, vamos a por todas".