El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha hablado del "terrible drama" de las agresiones homófobas que se están viviendo en nuestro país. En su primera entrevista, en Al Rojo Vivo, ha defendido que "una situación puntual" no puede ocultar la realidad de los delitos de odio que se están llevando a cabo.
Así se ha referido sobre la denuncia falsa que interpuso un joven en Malasaña, que aseguró que ocho encapuchados le habían metido en su portal y le habían agredido para ocultar una infidelidad a su pareja.
Gómez ha recordado que solo en el primer semestre del año se han registrado 743 denuncias por agresiones homófobas, lo que da cuenta de la "grave realidad" que estamos enfrentando. "Que no usen esta situación para esconder el terrible drama" de los delitos de odio, ha apostillado al respecto.
Asimismo ha defendido que el Gobierno está "orientado a hacer un esfuerzo para proteger" los derechos de todos los colectivos y ha instado a toda la oposición a "dejar a un lado el oportunismo y centrarse en la responsabilidad".
El portavoz socialista también ha negado que el ministro del Interior supiera de la falsedad de la denuncia y lo ocultara. Precisamente, el propio Grande-Marlaska ha asegurado en declaraciones a los medios que se enteró "ayer por la tarde cuando el denunciante modificó su declaración".
Fernando Grande-Marlaska ha mostrado su preocupación por el "incremento de los delitos de odio" y ha indicado que le parece "grave es que banalicemos algo tan importante hechos que nos deberían preocupar a todos, que atacan a la base de la democracia, los derechos humanos y la dignidad".
Respecto a las peticiones de dimisión, se ha preguntado si tiene que presentar la renuncia por "trabajar, dirigir y coordinar para hacer frente a una lacra social, como es el discurso de odio". "Yo nunca he instrumentalizado algo tan importante como son los derechos y libertades. No como ministro, sino como ciudadano, en toda mi vida ha sido esencial", ha sentenciado.
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¿Por qué se le ha entregado? Es una distinción habitual que el Ejecutivo entrega a todas aquellas personas o instituciones que han contribuido a favorecer las relaciones de España con la Comunidad Internacional.