Encontrar, juzgar y condenar a los autores de incendios forestales no es siempre una tarea sencilla. Según ha explicado Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, "solo se identifica al 2% de los autores, e incluso cuando se consigue hay que buscar pruebas".
En 2020 se produjeron 427 detenciones por provocar incendios, sin embargo hubo solo 63 condenas. No obstante, hay pirómanos que acaban en prisión. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha condenado a tres años y medio de cárcel al causante del fuego que arrasó la Sierra de Alcomba en 2019. Según la sentencia judicial no había pruebas concluyentes, pero sí indicios sólidos.
Aun así, interfieren numerosos factores. "Hay muchas sentencias en las que el autor presenta algún tipo de anomalía psíquica, y nuestro ordenamiento jurídico establece una especie de eximente", ha expresado Rodríguez.
Además, añade Jorge Agudo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, "el problema está en las penas mínimas": "Al no superarse los dos años de condena y el condenado no tener antecedentes penales, no acaban entrando en prisión".
Este último es el caso de los incendios no intencionados pero provocados por incidencias graves, penados con entre seis meses y un año de cárcel. Aun así, los expertos creen que más allá de las sanciones el remedio está en la prevención.
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