El trabajo ha analizado la evolución en la mortalidad de la población que reside en España de manera irregular y de los habitantes con acceso garantizado a la sanidad entre 2009 y 2015, y ha comprobado que la ley de 2012 supuso hasta 70 muertes más al año que las que se producían en el periodo anterior.
Asimismo, y a pesar de que la reforma sanitaria se puso en funcionamiento con la intención de "ahorrar recursos y disuadir el turismo sanitario", el informe ha evidenciado que acabó "restringiendo" el acceso a la salud pública de los inmigrantes en situación irregular, "cambiando así la naturaleza universal del sistema".
De hecho, un año después de la reforma, España había retirado un mínimo de 873.000 tarjetas sanitarias a personas que no habían podido certificar su residencia en el estado, lo que supone un 13,87 por ciento de los inmigrantes en España y un 1,86 por ciento del total de la población.
Además, el estudio ha puesto de manifiesto que la mortalidad entre 2009 y 2012 decreció al mismo ritmo tanto entre la población nativa como entre los sin papeles. "La aprobación de la reforma no tuvo consecuencias en la estadística para los documentados, mientras que el efecto sobre la gráfica de la población que quedó excluida de la sanidad fue inmediato", ha apostillado.
En concreto, la mortalidad mensual de los inmigrantes irregulares durante los tres años después de la aplicación de la ley aumentó en 0,66 muertos por cada 100.000 personas, que supone un incremento promedio del 15% respecto a los ratios anteriores al 2012.
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