Amarrado en el puerto de Pozzallo el barco de la ONG Proactiva Open Arms, retenido por orden de la Fiscalía de Catania, acusados de promoción de la inmigración ilegal. Así se encuentra el Astral tras desembarcar a 218 migrantes y sufrir amenazas de muerte de los guardacostas libios.
Nos enfrentamos a penas de cuatro a siete años por facilitar el tráfico de personas, según el fiscal", explica el fundador de la ONG, Óscar Camps.
Por primera vez, el Astral pidió al Gobierno español ayuda para poder atracar en un puerto seguro. También al Ayuntamiento de Barcelona.
"Yo hablé con el ministro de Exteriores para que no pudiera argumentar desconocimiento", asegura la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. "El Gobierno no entiende nada hasta que no aclaremos los extremos de qué se les acusa", señala el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.
El asunto ha llegado hasta la Comisión Europea, que considera que Proactiva no ha respetado el código de conducta. "Existe un código de conducta italiano que dice qué hacer para evitar estos casos. Llamamos a todas las partes a respetar el derecho internacional en el futuro", declara Natasha Bertaud, portavoz de Migración de la Comisión Europea.
La incertidumbre es máxima para la ONG española, que desconoce si podrá seguir su labor: "Hay un cierto interés para que no existan estos barcos en el agua", añade Camps. Desde 2015 han salvado la vida de 59.000 personas en el Mediterráneo.