Marissa escapó de Guinea Conakry junto a su hija de cinco años para evitar que le hicieran la ablación, pero jamás pensó que al llegar a Fuerteventura la apartarían de la pequeña, a la que enviaron a un centro de menores hasta que unas pruebas de ADN demostraran que ella era su madre. Desde entonces, han pasado casi dos meses.
El suyo no es un caso aislado. Se está repitiendo en las últimas semanas y es la aplicación directa de las directrices de la Fiscalía de Menores para prevenir el tráfico de niños, cuyos efectos critica abiertamente la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario, a quien compete la tutela de los niños en desamparo.
Yaiza Martín es trabajadora de Misión Cristiana Moderna, una de las entidades sociales que acoge a inmigrantes en Fuerteventura. Lleva más de dos meses escuchando llantos y súplicas de madres que han visto cómo son separadas de sus hijos, algunos de dos y tres años, y enviados a centros de menores.
Explica que "cuando llegan al puerto, a los niños los envían a centros de menores y a los adultos a una nave en el muelle (donde les hacen la PCR y filiación); luego a otra nave a pasar la cuarentena de la covid y después al albergue, pero a los niños no se los devuelven hasta que no salga la prueba de ADN, que suele tardar entre tres y cuatro meses". Las madres "viven esto de forma muy dramática, porque no saben dónde acudir", dice Martín.
Ver al niño a escondidas
"He cruzado fronteras para llegar aquí con mi hija, para que pueda tener una educación y, al final, ha sido peor porque estoy separada de ella", se lamenta Marissa, una joven de 25 años que dejó en Guinea Conakry a su marido y los estudios de Relaciones Internacionales.
La mujer llegó el 27 de agosto en patera a Fuerteventura. Asegura que después de permanecer 72 horas en una nave del muelle de Puerto del Rosario, le retiraron a su hija, le dijeron que la separación era por causa de la COVID y que, en unas semanas, se la devolverían, pero no ha sido así. Desde entonces, solo ha podido verla por videollamada y un día de lejos en la playa.
Tras finalizar la cuarentena, la joven fue alojada en el albergue de Misión Cristiana Moderna. Un día se enteró de que su hija estaba con los cuidadores del centro de menores en la playa de Puerto del Rosario y corrió allí con la ilusión de poder verla, pero no le permitieron tocarla. "Vi que había adelgazado mucho y las dos empezamos a llorar", recuerda.
"He cruzado la frontera para que mi hija estuviera mejor y pensando que España era diferente, que aquí se preocuparían de los niños y de nosotras, pero veo que es todo lo contrario", lamenta.
La historia de Marissa es similar a la de Mariame Diomandé y Bintou Camara. Las tres se han juntado para contar su vida con el único anhelo de que alguien las escuche.
No comen ni duermen
Después de un viaje que duró un año y siete meses de Costa de Marfil a Marruecos, Mariame cuenta con tristeza cómo vio que su hija la llevaban a un centro. Desde entonces, solo ha podido verla un día en la playa y a través de videoconferencia.
Desde que llegó a Fuerteventura, dice que no puede dormir pensando en su hija y su estómago se ha convertido en una trinchera que no deja pasar los alimentos.
Bintou Camara explica que nunca se había separado de su hija, de tres años, hasta que en agosto llegó a Fuerteventura y la enviaron a un centro; lo segundo que comenta es que su hija no come ni duerme y, cuando habla con ella por teléfono, lo único que le dice es que quiere estar con ella.
Yaiza Martín explica que las madres solo tienen contacto una vez lo permite el centro de menores, "normalmente a las dos semanas empiezan a tener videoconferencia con sus hijos una o dos veces a la semana, depende del centro; en unos se les permite más que en otros".
La trabajadora de Misión Cristiana señala que las visitas están prohibidas hasta que lleguen los resultados del ADN, "pero esto no deja ser un pueblo y ellas los buscan por Puerto del Rosario para poder verlos".
El miedo al tráfico de menores
Fuentes de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, responsable de la tutela de los menores desamparados o no acompañados, ha confirmado esta práctica entre algunos de los niños que llegan en patera a las islas y han asegurado que se trata de una decisión de la Fiscalía Provincial de Las Palmas que se ha estado llevando a cabo con algunos menores en esta provincia.
Desde la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia han mostrado su "disconformidad" con esta medida a la Fiscalía, una práctica que, según el Gobierno canario no se lleva a cabo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
El Gobierno de Canarias tiene constancia de al menos seis menores en Fuerteventura que se encuentran en esta situación, cuatro llegaron con sus madres y dos manifestaron haber viajado acompañados de otros familiares. En Gran Canaria hay también seis en las mismas circunstancias, cinco de una embarcación que llegó el viernes y un menor de dos años que arribó la noche del lunes a la isla.
Las pruebas de ADN confirmaron el pasado viernes que los cuatro menores de Fuerteventura son hijos biológicos de las mujeres de la patera del 27 de agosto, aunque los niños aún no han sido entregados a sus madres.
La fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, ha confirmado que se trata de una medida aplicada "en coordinación con el fiscal de sala de Menores, donde la Fiscalía Provincial de Las Palmas no está actuando motu proprio" y que persigue "proteger a los menores, para lo cual se hace esta separación hasta acreditar que existe esta relación materno filial o que viene con algún familiar".
Ha explicado que esta decisión se toma porque en el pasado se dieron situaciones en las que "los menores venían con personas que decían ser sus familiares y luego resultaba que no lo eran, por lo que para evitar tráfico de menores se establece esta separación y el menor queda bajo la protección de la Dirección General del Menor y, a continuación, se abre un expediente de riesgo en Fiscalía hasta determinar si son sus padres".
La Fiscalía del Estado justifica las actuaciones
La Fiscalía General del Estado justifica la decisión de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de ingresar a los menores que llegan en pateras acompañados de personas que manifiestan tener vínculo familiar con los mismos, aunque sin documentación alguna que lo acredite.
Señala que el criterio fijado por la Fiscalía surge de "la constatación, desde finales del año 2019, de las desapariciones, en un número alarmante de casos, de quienes decían ser sus madres junto con los menores, comprobándose una vez recibidos los resultados de las pruebas de ADN que dichas mujeres no tenían vínculo biológico alguno con ellos".
Según la Fiscalía, urgía proteger a los menores del riesgo de ser objeto de utilización para otros fines, o incluso para favorecer situaciones de trata.
