El gasto dedicado a la vivienda entre la población en pobreza equivale casi al 40 % de los ingresos del hogar, un esfuerzo más de tres veces superior al que realizan las personas no pobres (12,5 %), según el estudio "El estado de la Pobreza 2022" de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
El estudio destaca que las personas en situación de pobreza tienen menos acceso a la propiedad y, por tanto, alquilan más. A su vez, el alquiler, además de generar inseguridad, es mucho más caro que la hipoteca y consume una parte importante de los recursos disponibles.
Cuatro de cada cinco personas con gasto elevado en vivienda eran pobres (el 79,1 %). Además, el 12,7 % de la población en riesgo de pobreza reside en viviendas demasiado pequeñas para su tamaño familiar y casi una de cada tres personas en pobreza no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada, el doble que el resto de la población.
Los retrasos de los pagos de facturas de suministros y de hipoteca o alquiler son casi cuatro veces mayores entre las personas pobres que en el resto de población (20,4 %).
Se acentúa el perfil de las personas pobres con empleo
Pese a que las medidas del escudo social implantadas en 2020, como los ERTE, consiguieron mantener fuera de la pobreza a 1,5 millones de personas, se acentúa el perfil de personas pobres con empleo: casi un tercio (32,9 %) de la población pobre mayor de 15 años tienen un trabajo remunerado.
La investigación también muestra el aumento de las situaciones de pobreza en las personas con estudios medios o altos: el 42,9 % en esta situación los ha finalizado y una de cada diez personas con educación superior está en riesgo de pobreza. En términos absolutos, 1,4 millones de personas pobres tienen educación superior, cifra que se ha duplicado desde 2008 (674.000 personas).
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Recoge el incremento de personas que no pueden afrontar gastos imprevistos de un mínimo de 800 euros (son el 35,5 %); también, las que tienen dificultades para llegar a fin de mes (47,8 %); las que no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno (el 17,1 %); y las que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días (el 5,4 % de la población española).
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